Esta es nuestra respuesta al planteamiento de los actores sociales de la educación. Nos comprometemos a que el debate en torno a este tema que vendrá, y que tendrá lugar a nivel legislativo, sea de cara y no de espaldas a los actores sociales, contando con una activa participación de éstos. Este es un borrador abierto al diálogo de la sociedad chilena.
Esta movilización ciudadana, una de las más grandes y extensas que recuerda nuestra historia, ha puesto en el centro del debate nacional la preocupación por asegurar una educación de calidad y equidad para todos y reponer la educación pública en todos los niveles, para que ella cumpla los propósitos de inclusión y movilidad social, desarrollo integral de las personas, formación de ciudadanos responsables y solidarios, cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades. Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son pilares de un solo edificio cuya columna vertebral es el concepto de educación como bien público. Más aun, este movimiento le ha recordado al país que respecto del conjunto de la educación, corresponden al Estado deberes imperiosos para reforzar, extender y garantizar el derecho a la educación como un derecho social y humano universal. Para ello es necesario comprender que este clamor no es por un par de ajustes o unos beneficios aquí o allá, sino que es una demanda social por un cambio en los principios que organizan y dinamizan al sistema educativo, por un cambio estructural del modelo que hoy tenemos. Debe avanzarse hacia un sistema de financiamiento y una institucionalidad que garanticen, en forma efectiva, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Creemos que una reforma integral de la educación debe implementarse a través de un Nuevo Pacto Social y Político por la Educación, que significa primero un pacto constitucional para fortalecer y enriquecer el derecho a la educación, garantizando no sólo el acceso sino también la calidad de la misma; segundo, un pacto fiscal y tributario para garantizar efectivamente el derecho a la educación de calidad y en igualdad de oportunidades para todos los chilenos y chilenas, y, tercero, un pacto sobre políticas públicas en educación, para situar esta reforma como prioridad nacional en los próximos años y revertir, especialmente, el deterioro que experimenta la educación pública.
Interpretamos esta movilización como manifestación de una crisis de crecimiento: los problemas que nos plantean son tremendamente complejos, y obligan a iniciar una política de nueva generación. Por eso, al ver el movimiento estudiantil no podemos más que ser optimistas: ¡cuántos países quisieran tener una juventud capaz de remover a su sociedad para poner a la educación en el centro de la agenda pública! Ustedes lo han conseguido. Por nuestra parte asumimos y somos autocríticos de que, en las políticas educativas implementadas, no logramos fortalecer de manera eficaz el rol del Estado, la calidad de la educación pública y el derecho a la educación entendido como un bien público y derecho social.
Adicionalmente, en el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena” presentado el miércoles pasado, ustedes realizan un conjunto significativo de planteamientos a los que quisiéramos responder, basándonos para ello en nuestras convicciones expresadas recientemente en documentos oficiales de la Concertación de Partidos por la Democracia. Como podrán apreciar, tenemos una altísima concordancia con las propuestas por ustedes planteadas.
En enero de este año la Concertación fijó sus criterios para una reforma integral del sistema escolar y más recientemente, en julio de este año, profundizamos esa mirada, incluyendo en él una posición sobre la educación superior y parvularia. En ambos textos afirmamos nuestra convicción de que el rol del Estado en la educación es insustituible y que debe ampliarse y fortalecerse, no solo en sus aspectos regulatorios, sino también en la provisión directa de la educación en todos sus niveles, parvularia, general y superior, lo que requiere un aumento significativo del gasto fiscal en educación, y por ende, un incremento de la recaudación a través de una reforma tributaria.
Sostenemos que la educación es un bien público, que debe cumplirse la ley que impide el lucro en las universidades, que debe existir un fuerte sistema de rendición de cuentas y de aseguramiento de la calidad y que deben eliminarse todas las trabas al acceso equitativo a la educación, lo que incluye la necesidad de un sistema estatal de educación fuerte y en expansión es la mejor garantía.
También hemos señalado nuestra convicción de que la educación en Chile debe ser pluralista, democrática, de calidad y equitativa, y que el acceso y permanencia en ella deben asegurarse para todos en condiciones de igualdad de oportunidades, lo que supone eliminar toda forma de discriminación arbitraria.
Es decir, reconocemos una amplia concordancia con los principios y planteamientos del documento entregado por el movimiento social.
Así, también en esta respuesta, nos pronunciamos sobre los planteamientos específicos que hacen en su propuesta en materia de educación escolar y superior.
I. Sobre la Reforma Constitucional:
- Reforma constitucional. Como lo sostuvimos en el acuerdo de nuestros partidos del 8 de julio de este año, consideramos fundamental consagrar en la constitución el carácter de “bien público” de la educación. Es deber del estado garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de la vida. Asimismo, el estado tiene la obligación de desarrollar una educación pública de calidad, en todos los niveles educacionales. En el caso de la educación superior, consideramos necesario que nuestra carta fundamental incorpore un concepto esencial, cual es el de contar con sistemas de admisión que excluyan la discriminación arbitraria, que garanticen igualdad de oportunidades de acceso y que incorporen medidas eficaces para promover el acceso a jóvenes que requieren de un apoyo especial. También proponemos incorporar el concepto de interculturalidad y de defensa del patrimonio cultural y linguístico de los pueblos originarios en la Constitución.
II. Sobre la educación escolar señalamos:
- Educación parvularia. Afirmamos la necesidad de profundizar el esfuerzo previamente realizado en la mejora y expansión de la educación parvularia. Vemos con preocupación que el actual gobierno ha abandonado esta prioridad, así que demandamos que sea repuesta.
- Desmunicipalización. Respecto de la “desmunicipalización de la educación”, hemos señalado que fortalecer la educación pública consiste en desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Más aún, estamos convencidos que esta nueva institucionalidad no puede consistir en un conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado, con gestión descentralizada y participación de las comunidades, que establezca al Ministerio de Educación como responsable final de su funcionamiento.
- Financiamiento basal para la educación pública. Respecto del financiamiento de la educación pública, ya en enero del presente año señalamos que este se debe modificar estructuralmente de manera de ir avanzando a un óptimo que garantice el 100% de los recursos para lograr una educación públca de alta calidad. Más aún, sostenemos con fuerza que este financiamiento no puede depender exclusivamente de condiciones variables tales como el nivel de matrícula o la asistencia de los alumnos. Contar con un financiamiento basal se justifica por la necesidad de tener una red de educación pública de calidad, extendida por todo el territorio nacional, que permita garantizar el derecho a la educación de todos los chilenos y chilenas. Dichos aportes basales permitirán, entre otras cosas, financiar a los entes administradores, la mantención de la infraestructura, las exigencias adcionales panteadas a la educación pública y los gastos fijos de aquellos establecimientos que deben funcionar en condiciones especiales, por razones de aislamiento, cambios poblacionales y otros.
- Proyecto de ley. Por lo planteado anteriormente esperamos que el proyecto que presentará el ejecutivo antes del 30 de septiembre contenga la sustitución de la actual institucionalidad municipal y del sistema de financiamiento por una propuesta como la que hemos postulado en este documento y que coincidimos con ustedes.
- Escuela modelo de calidad. Respecto de la subvención escolar que reciben tanto los establecimientos públicos como los privados, ésta debe ser modificada. Su valor se calculará en base al costo que tiene por cada alumno el funcionamiento de una escuela modelo de calidad (por ello se requiere con urgencia conocer los resultados de un estudio que fue acordado con el gobierno hace meses, el cual tiene por finalidad estimar con mayor precisión los costos de una educación que asegure aprendizajes de calidad a todos los estudiantes).
- Exigencias para el financiamiento público. Esta nueva modalidad de financiamiento que asegura la cobertura de todas las necesidades de una escuela de calidad, debe tener aparejadas mayores exigencias. En primer lugar, esta debiera ser incompatible con toda forma de selección escolar en educación básica y media, con la excepción de establecimientos especiales tales como liceos artísticos o de excelencia. En segundo lugar, en la medida que nos acercamos a ese óptimo en materia de financiamiento público, el aporte de las familias debiera ser cada vez menos necesario e ir reduciéndose hasta alcanzar su virtual eliminación. Un paso en esa dirección es que, desde 2008, los establecimientos que reciben la Subvención Especial Preferencial, no pueden cobrar financiamiento compartido. Por último, consideramos que el acceso al financiamiento público debiera estar destinado exclusivamente a instituciones sin fines de lucro. Para alcanzar este objetivo, proponemos establecer un período de transición en que los establecimientos que deseen mantener el acceso a los recursos del estado adapten su forma jurídica y modelo de gestión a las nuevas exigencias.
- Carrera docente. Estamos de acuerdo con ustedes respecto de la necesidad de avanzar como país en el establecimiento de una carrera profesional docente fundada en la dignidad y calidad. Hemos planteado que esta carrera debiera basarse en el mérito, considerando las etapas de desarrollo profesional, dignificar a los profesores y profesoras en sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, asegurar a los docentes más horas para la preparación de las actividades educativas que desarrollan frente a los estudiantes, incentivar a los mejores talentos que egresen de la enseñanza media a estudiar pedagogía, garantizar a los maestros oportunidades y los recursos necesarios para su desarrollo profesional, considerando adecuadamente la experiencia, fomentar su valoración social y el apego a una elevada ética profesional, y propender a su permanente entrenamiento pedagógico y formación continua, que les permita a los profesores participar en un sistema de habilitación profesional obligatorio para acceder a la docencia en los establecimientos financiados por el Estado y una evaluación docente perfeccionada, que de plenas garantías de profesionalismo e imparcialidad. También coincidimos en que el sistema de acreditación de carreras de pedagogía debe ser modificado para que efectivamente garantice programas de formación de calidad. Por otra parte, estamos dispuestos en avanzar para mejorar la normativa existente, con carácter estatutario, relativa a los asistentes de la educación.
- Racionalización de creación de nuevos colegios. Compartimos con ustedes la preocupación por la explosiva creación de nueva oferta educativa privada que accede a la subvención estatal, al punto que estamos convencidos de que este fenómeno posee efectos muy negativos como la pronunciada caída de la matrícula en la educación pública y el ineficiente uso de recursos y la existencia de sobreoferta en muchas zonas del país. Por ello hemos señalado que, siguiendo experiencias de países de mayor desarrollo, se debieran establecer un conjunto de nuevas exigencias para la creación de establecimientos educativos privados subvencionados. La primera es que estos deban acreditar su funcionamiento con recursos propios, a lo menos, por dos años. La segunda, que acrediten el cumplimiento de estándares que garanticen la calidad del servicio educativo que prestan. La tercera, que para acceder a los recursos públicos, se demuestre la existencia de una demanda real de matrícula en el sector donde el colegio va a funcionar. Todo esto debe establecerse con estándares objetivos y verificables.
- Período de transición. Compartimos con ustedes la preocupación por el período de transición hasta que entre en funcionamiento el conjunto de nuevas instituciones que regularán la oferta educacional en cada territorio y se haya instalado el nuevo sistema de administración de establecimientos públicos. En particular, nos asiste la preocupación por el potencial cierre masivo de establecimientos de educación pública. Por ello, en el debate que se produzca sobre la nueva institucionalidad, buscaremos incorporar a ese cuerpo legal medidas de carácter transitorio de modo que ello ocurra solo en el caso de ser estrictamente necesario. En esta dirección proponemos la creación de un fondo destinado a otorgar recursos para los establecimientos públicos que tengan una pérdida sustantiva de matrícula, tendiente a evitar su cierre. Complementariamente, planteamos que el MINEDUC debiera garantizar normas que establezcan, para el período intermedio a la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad educativa y la nueva institucionalidad de administración de la educación pública, estrictos criterios para autorizar la creación de nuevos establecimientos privados subvencionados o el cierre de establecimientos públicos solamente en los casos excepcionales debidamente justificados. En esta materia, demandaremos al gobierno acelere la instalación de las nuevas instituciones que prevé el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y equidad de la educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación.
- Transporte escolar. El acceso no discriminatorio al trasporte escolar debe ser considerado como parte del derecho a la educación. En las zonas rurales y de difícil acceso, debiera garantizarse un sistema de trasporte escolar especializado y gratuito para los escolares. En el resto del territorio, los estudiantes debieran contar con beneficios especiales de acceso al trasporte público general considerando las particularidades que en esta materia se dan en las regiones que garantice gratuidad o tarifa reducida, de acuerdo a la condición socioeconómica familiar, a los estudiantes de establecimientos que reciben financiamiento público o que estudian becados en colegios particulares pagados.
- Reconstrucción e infraestructura. Compartimos la necesidad de establecer un urgente y efectivo Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de la infraestructura escolar pública. Más aún, creemos que este programa debe incluir también el equipamiento necesario para el desarrollo de una educación de excelencia. En el marco de la reestructuración del sistema de financiamiento a la educación antes mencionado, en la próxima discusión presupuestaria propondremos considerar además una línea especial de financiamiento permanente para la expansión y mantenimiento de la infraestructura escolar pública y pediremos al gobierno que entregue a la brevedad los detalles de implementación de dicho plan, región por región. En este contexto y por lo antes señalado, no creemos prudente aprovechar el Plan de Reconstrucción como una manera de cerrar establecimientos públicos.
- Educación rural. La actual modalidad de educación rural no responde a la obligación de asegurar igualdad de oportunidades a los estudiantes que se educan en ella. El estado debe tener una mirada preferente a la educación en el mundo rural para garantizar acceso y calidad sin perder la identidad de los sectores rurales.
- Educación técnico-profesional. En relación a la educación técnico profesional estamos de acuerdo en que se debe abrir una Nueva Etapa. Ya que en ella estudia el 40% de los jóvenes más vulnerables, debemos vincularla a los sectores más dinámicos de la economía y a la modernización de los servicios. El país requiere de una política de largo plazo respecto de esta importante rama de la educación media y la principal recomendación es asumir una política de desarrollo de la oferta de educación TP vinculada a estándares de desempeño institucional y a un sistema de aseguramiento de la calidad, que permita apoyar el desarrollo de los establecimientos, sobre la base de planes de mejoramiento específicos adecuadamente gestionados y un rediseño de su sistema de financiamiento. Más aún, en enero pasado propusimos un conjunto de medidas inmediatas para fortalecer esta modalidad educativa, entre las que destacan: reponer cuanto antes los recursos para mejorar la infraestructura y condiciones para financiamiento de este sector; reponer las becas de prácticas profesionales y los programas de pasantías al exterior rebajados en la ley de presupuestos 2011, e instalar en el MINEDUC una Dirección de Formación Técnico-Profesional responsable de asegurar una mirada integrada y coherente para la FTP. Dicha autoridad deberá desarrollar un plan de infraestructura, equipamiento y de fortalecimiento académico de esta modalidad.
- Corporaciones empresariales. Además proponemos la mejora del régimen de gestión para los establecimientos administrados por corporaciones empresariales, que establezca normas que aseguren la transparencia financiera, la no discriminación y la adecuación a los estándares de calidad del resto de la educación financiada por el Estado.
- Participación de la comunidad escolar. Apoyamos con decisión su exigencia de mejorar sustantivamente los mecanismos de participación de la comunidad estudiantil y educativa en las escuelas y liceos. Desde ya, instamos al ejecutivo para que reformule el decreto N° 524 que regula la creación y funcionamiento de los centros de alumnos, e impulsaremos las iniciativas legales que sean necesarias para reconocer a las federaciones estudiantiles secundarias, las cuales hoy operan de hecho y no de derecho. Asimismo, postulamos ampliar el ámbito de las competencias y atribuciones de los consejos escolares y darles facultades resolutivas en lo relativo a la convivencia escolar, las actividades extracurriculares, educación sexual y a otras materias de interés de la comunidad en la cual se encuentran los establecimientos educativos.
III.- Sobre la Educación Superior señalamos:
- Regulación. Es evidente que la educación superior ha crecido en cobertura de manera explosiva durante las últimas dos décadas y, aunque ello es positivo, un defecto a corregir ha sido que ese proceso ha sido desregulado, ya que ese crecimiento de cobertura no ha ido acompañado de vigorosos y adecuados sistemas de supervigilancia, regulación, participación y control ciudadano necesarios para impedir algunos de los rasgos críticos que actualmente presenta el sistema en términos del sobre-endeudamiento familiar y estudiantil, de alto nivel de deserción o de prácticas lucrativas contraria a la ley vigente.
- Autocrítica. Hay que asumir que estos problemas no se visualizaron a tiempo. Pese a que lo intentamos, nos faltó mayor fuerza y convicción para enfrentar la continua resistencia de la derecha que defendió con denuedo un sistema que minimiza el rol del Estado y que no acepta regulaciones para la actividad privada.
- Política de educación superior. Coincidiendo con los principios que enunciamos en la primera parte, creemos que la política de educación superior no puede regirse por la lógica del mercado y que debe existir un plan de desarrollo nacional de la educación superior, adoptada democráticamente por instituciones y órganos que hoy no existen tales como una Subsecretaria y un sistema regulador y de aseguramiento de la calidad que sea eficiente y efectivo.
- Principios rectores. Por ello es que coincidimos en que los principios rectores de una Política Nacional de Educación Superior deben ser:
- La Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.
- El sistema de Educación Superior, en formación profesional e investigación, debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.
- El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria, por lo cual el pacto fiscal y la reforma tributaria deben ser parte imprescindible de la Reforma.
- Deben existir mecanismos equitativos de acceso la educación superior y la calidad de la misma debe ser la mejor garantía para una igualdad efectiva de oportunidades.
En especial queremos señalar lo siguiente respecto de la Educación Universitaria
- Financiamiento basal para universidades estatales. En materia de Financiamiento Institucional hemos señalado en nuestro compromiso de julio de este año que se debe implementar un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal de forma sustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar el financiamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje que garantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar el aporte actual, lo que debe ir acompañado de compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y mejores sistemas de gobierno institucional así como de mecanismos de control que aseguren el mejoramiento de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo debe realizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidades no estatales que reciben aportes fiscales directos. Así también las universidades públicas debieran incorporar el principio de interculturalidad.
- Universidades estatales regionales. La situación de las universidades estatales regionales requiere de una atención especial que considere sus particulares carácterísticas y necesidades. Lo anterior debe incluir el desarrollo de la investigación en las áreas prioritarias para la región, el desarrollo preferencial de las disciplinas ligadas a las vocaciones productivas del territorio, entre otros aspectos a considerar.
- Fondo de revitalización y aumento del AFD para universidades tradicionales. Se requiere considerar seriamente un aumento significativo del AFD para todas las universidades tradicionales, el cual deberá reajustarse anualmente teniendo como piso el incremento de las remuneraciones del sector público. Este debe tener por objeto reforzar el sistema universitario tradicional, que es el que mas bienes públicos aporta, y frenar la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones que las desvía de sus roles académicos. Estos fondos deben ser asignados de acuerdo a criterios de composición socioeconómica de su matrícula, de potenciamiento a las regiones y a indicadores de endeudamiento o de gestión. Adicionalmente, se deberá crear un fondo de revitalización que se haga cargo de las tareas más urgentes orientado a recuperar aquellas instituciones con mayores carencias y necesidades.
- Desarrollo estratégico de universidades estatales. Apoyamos también la idea de desarrollar con sentido estratégico la oferta universitaria estatal para alcanzar niveles de calidad equiparables en todo el sistema público y focalizar la acción de ellas en territorios y áreas de especialización según sus competencias y los requerimientos de una política nacional.
- Compromiso con el interés nacional. Sostenemos que estos nuevos recursos para las universidades estatales deben ser ejecutados en consonancia con las tareas que la sociedad les encomienda, y supervisados a través de adecuados mecanismos de control público.
- Acceso a la educación superior y reformulación del AFI. Respecto de los sistemas de acceso a la educación superior, hemos afirmado en nuestro documento de julio que se debe reformar, estableciendo una selección equitativa que dé mayor preponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa de los estudiantes en su respectivo curso. El 10% de los estudiantes de mejor logro escolar en los establecimientos con financiamiento público debe tener acceso a la educación superior, independiente de su puntaje en la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio, perfeccionamiento, y ampliación en la modalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida a estudiantes de mejor desempeño en ese tipo de establecimientos y financiar de este modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes.
- Nivelación y retención. Estos mecanismos u otros de similar orientación deben asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluando de manera transparente su pertinencia. Compartimos que debe asimismo darse relevancia y apoyo financiero a los propedéuticos y otros sistemas de nivelación y retención, y que debe garantizarse el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.
- Derechos garantizados para ayudas estudiantiles. Sobre el Sistema de Financiamiento Estudiantil nuestra posición es que se debe establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior. Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Como lo dijimos en nuestro planteamiento sobre educación superior del 8 de julio, proponemos establecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de los sectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberán estar debidamente acreditadas.
- Sistema común de crédito. Como modo de aproximarnos a un sistema único, en el caso del crédito solidario, somos partidarios de mantener la actual cobertura y condiciones. Debemos avanzar hacia una sola modalidad de crédito que tenga como parámetro las condiciones actuales del crédito solidario. Respecto del Crédito con Aval del Estado, que permitió una fuerte expansión del acceso a jóvenes de menores ingresos, este sistema debiera ser rediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario. Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y la sustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismos eficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/o programas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamiento adicional de los estudiantes y sus familias, la ampliación de las oportunidades a todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media que posean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su acceso a esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso con las competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/o académico.
- Mayores exigencias a las instituciones. El AUGE de la educación superior deberá estar dirigido exclusivamente a instituciones que cumplan rigurosamente la ley que prohíbe el lucro en las universidades, que obtengan acreditación en un sistema renovado, que garanticen los principios de libertad de cátedra, libertad de asociación y expresión, aseguren y promuevan la existencia de Federaciones Estudiantiles y sean transparentes con la totalidad de sus recursos financieros.
- Superintendencia de la educación superior. En lo que respecta a la Nueva Institucionalidad somos partidarios de la creación de una Superintendencia de Educación Superior que actúe como agente de control y regulación de las distintas instituciones del sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizando que las universidades no se presten para actividades lucrativas. Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.
Este organismo debiera velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Sostenemos que la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior debe ser obligatoria, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales.
- Cumplir con la ley sobre el lucro en universidades. En la discusión en torno al lucro en la educación superior, hemos sido enfáticos en nuestra declaración de julio que se debe hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acción enérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización de negocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla en este ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no para debilitarla.
- Sistema Nacional de Acreditación. Somos partidarios de una renovación profunda del Sistema Nacional de Acreditación. La ley de acreditación de la calidad, a la que se opuso la derecha en el Congreso, y restringió su alcance, debe ser ahora mejorada, elevándose los estándares y exigencias para entregar recursos públicos. Para ello hemos afirmado que se debe refundar la Comisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora de calidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes y menos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle y asegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzar hacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no solo consideren las características de esta oferta educativa, sino también los resultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenes meritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; las tasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egreso de esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras de pedagogía y medicina. Asimismo, el nuevo sistema deberá fortalecer las capacidades de acreditación del ente público y evitar las distorsiones que actualmente existen en la verdadera industria de la acreditación que se ha creado en este ámbito.
- Participación de los estamentos de la educación superior. Para garantizar la democratización y la vigencia y resguardo de los Derechos y Garantías Constitucionales, especialmente en lo referido a la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo en instancias colegiadas; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución, hemos afirmado que se deben derogar de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010, en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en los espacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros de formación e institutos técnicos.
- Pueblos Originarios. Respecto de los Derechos Educativos y lingüísticos de los Pueblos Originarios, apoyamos que se debe garantizar un sistema educacional inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo, lo que debiera estar reconocido en la propia Constitución. Ello implica generar al interior de las instituciones estatales los espacios para incorporar la mirada intercultural en todas las materias que resulte pertinente, especialmente en lo referente a la creación e incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos institucionales de contenidos educativos indígenas, considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos. Así también, en materia de beneficios estudiantiles, apoyamos la implementación de una política pública que mejore el acceso a alojamiento para los estudiantes indígenas y supere las limitaciones de las políticas implementadas durante los últimos años. En estas materias deberá aplicarse plenamente el Convencio 169 de la OIT.
- Formación Técnica Superior. Finalmente, en lo relativo a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, proponemos como política la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia de Calidad de Educación Superior. Ello debe ir acompañado de una revisión de los mecanismos de transición y acceso desde la enseñanza media, de los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparten.
- Deserción y largo de las carreras. Dados los actuales niveles de deserción a nivel de la educación superior, sostenemos se requiere de una estrategia nacional que busque reducirla de manera significativa. Asimismo, consideramos del todo valido realizar un análisis y proponer alternativas que apunten a acortar la duración de las carreras en este nivel educativo.
Un camino de diálogo para la Reforma
Por la seriedad de sus planteamientos y la trascendencia que tienen para el país y su futuro, hemos querido responder en detalle cada uno de los puntos señalados en su documento “Bases para un acuerdo social por la educación chilena”. Expresar claramente las ideas es un paso vital para un debate y dialogo fructíferos.
Para los partidos de la Concertación se requiere de una condición adicional. Se debe definir una ruta para procesar el conjunto de desafíos legislativos y de política que implicará tratar de concretar estas aspiraciones.
En primer lugar, se requiere que, ustedes como movimiento social, acompañen y enriquezcan el proceso legislativo. Creemos muy contraproducente cerrar el debate entre los políticos de gobierno y la oposición. Tampoco es suficiente el tradicional sistema de audiencias públicas para canalizar sus demandas. Creemos necesario establecer un canal de comunicación sistemático durante el debate parlamentario que viene por delante. Por ello es que hemos decidido constituir un comité parlamentario de 9 miembros, al cual concurrirán senadores y diputados de la Concertación, y queremos ofrecerles esa instancia como un espacio de encuentro para acompañar el proceso legislativo (parlamentarios-técnicos-movimientos): Un comité de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
En la nueva etapa que se inicia, tras el cambio de gabinete, el gobierno debe abrirse a nuevas propuestas y enfoques. La agenda legislativa de GANE es incongruente e inconducente. Se debe revisar el sistema de crédito en su conjunto y no tomar ahora medidas paliativas (bajar tasas del CAE de 6 a 4%) para luego esperar un año a un futuro proyecto que unificará los sistemas de ayudas estudiantiles. Ello no es lógico. Más aún si antes el gobierno ha señalado que abordará la creación de una nueva institucionalidad con una subsecretaría y una superintendencia de educación superior, dejando para más adelante la revisión del sistema de acreditación. Lo anterior refleja un mal diseño temporal en la implementación de las iniciativas.
Frente a estas muestras de improvisación y poca prolijidad, creemos necesario que el gobierno revise seriamente la actual agenda y proponga una nueva en la que establezca una hoja de ruta clara y coherente. Esa es la forma responsable y eficiente de abordar la enorme tarea legislativa que tenemos por delante.
Chile se encuentra en un momento muy propicio para avanzar en lo que son las demandas de su movimiento por la reforma del sistema educacional, posiblemente como nunca hoy es posible. No podemos defraudar esas esperanzas. Por ello y como partidos de la oposición nos comprometemos a asumir con firmeza y convicción los planteamientos que frente a ustedes asumimos en este documento.
Gracias a la tenacidad del movimiento social, el gobierno ha debido hacer tres propuestas sucesivas para responder a la demanda educacional. Cada una de ellas ha incluido logros importantes que no estaban previstos en la agenda gubernamental y que se han obtenido gracias a la persistencia y masividad de las movilizaciones ciudadanas. Estos logros, a pesar de eso, no incluyen los cambios estructurales que este movimiento por la educación ha solicitado. El gobierno se ha negado a establecer de forma clara un nuevo rayado de cancha para la educación. Sin embargo, hay una mayoría de actores políticos de la oposición y actores sociales que hemos avanzado en acuerdos inéditos para abrir una nueva era de la educación chilena. Ello también constituye un triunfo del Movimiento Social Por la Educación. Nuestro compromiso solemne es a impulsar estas reformas de la mano con los actores sociales más allá de las decisiones que adopte el actual gobierno. Hacemos propias estas definiciones y serán la base de nuestra política educacional como fuerzas de oposición y, en el día de mañana, como fuerzas de gobierno. Cada uno de nuestros candidatos a alcaldes y concejales, senadores, diputados y, ciertamente nuestros candidatos presidenciales se comprometerán con estas definiciones y las impulsarán en el ejercicio de sus cargos.
Esta mayoría ciudadana y política por una nueva educación para Chile es el logro del movimiento social y debiera dar paso a una nueva fase de éste, que manteniendo su movilización y participación activa retorne a clases evitando la pérdida del año escolar.
Valparaíso, 2 de Agosto de 2011
Carolina Tohá José Antonio Gómez
Presidenta del PPD Presidente del PRSD
Osvaldo Andrade Ignacio Walker
Presidente del PS Presidente del PDC
