Federación de Colegios Profesionales pide al Gobierno que la gratuidad se inicie en universidades del Estado

 

De esta manera, se asegurará no sólo la gratuidad de la docencia a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las universidades del Estado, afirma Fedcolprof.

 

La Federación Gremial de Colegios Profesionales Universitarios (Fedcolprof) insta al Gobierno a dedicar los recursos del Presupuesto 2016 a fortalecer la educación pública, asegurando la gratuidad de la enseñanza en las universidades del Estado.

Ante la decisión del Tribunal Constitucional que obliga al Gobierno a redistribuir los recursos destinados a ampliar la gratuidad en la educación, creemos que el Ejecutivo debe hacer una clara opción por una educación pública de calidad, financiando completamente a las universidades estatales.

Esta decisión respecto de la gratuidad debe ejecutarse aumentando el aporte basal de las universidades del Estado y no a través del subsidio a la demanda, entregando bouchers o becas a los estudiantes. De esta manera, se asegurará no sólo la gratuidad de la docencia a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las universidades del Estado.

Insistir en el camino de financiar la educación superior en función del ingreso de los estudiantes sólo beneficiará a quienes lucran de manera ilícita en las universidades privadas, mediante mecanismos como el arriendo de sus dependencias a inmobiliarias de su misma propiedad. No  se ayuda a los estudiantes de bajos ingresos mediante la entrega de una educación gratuita de mala calidad, provista por agentes privados y con escasa posibilidad de inserción laboral al término de las carreras. Por el contrario, constituye una verdadera estafa a las familias de menores ingresos.

El problema de fondo de la educación superior chilena es que no responde a una Estrategia Nacional de Desarrollo del país, sino a criterios de mercado, donde mediante técnicas publicitarias se induce a los jóvenes a estudiar carreras que no tienen campo laboral y que no son necesarias para el país. Por el contrario, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios considera que la educación es un derecho social que debe asegurar el Estado en función de objetivos de desarrollo-país.

Los recursos del Estado no pueden ser entregados a universidades privadas que conciben la educación como un negocio y que –en muchos casos- no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Todas estas materias deben ser abordadas con precisión por el proyecto de ley que normará la educación superior y que, según ha comprometido el Gobierno, ingresará en diciembre al Congreso. Esperamos en esta ocasión ser escuchados por los parlamentarios, pues los profesionales somos el principal producto de la educación universitaria en Chile.

Entendemos a la educación como un bien público y como tal es el Estado quien debe regularlo y asegurarlo, el mercado no tiene nada que hacer en la regulación de los bienes públicos, como pareciera piensan los que conciben la educación como un bien de consumo y presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. 

CED: La Casa Común, la Constitución que debemos construir

La Constitución son las paredes de nuestra Casa Común. 
Debemos construirla con Dignidad, Democracia y Derechos. 
Estos son los desafíos del proceso constituyente desde una perspectiva humanista cristiana. 

Aclaración a Opinión del Dr. Roberto Irribarra publicada en Webdental.cl

“En Chile no hay persona ni grupo privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”

(Constitución Política de la República de Chile.)

He leído con atención un artículo firmado por el Dr. Roberto Irribarra M, publicado en “Web Dental”, en la cual pretende menoscabar el esfuerzo de los Cirujano Dentistas de la Región Metropolitana por lograr su autodeterminación, la misma que tienen los Cirujano Dentistas de todas las otras regiones del País, recurriendo a interpretaciones antojadizas y a verdades a medias.

No concuerdo con el Dr. Irribarra en que el Estatuto del Colegio de Cirujano Dentistas, explícitamente, excluya al Consejo Regional Metropolitano. Sino que, convenientemente, da cuenta de una realidad que, por inercia, se ha mantenido en el tiempo producto de un acuerdo entre el, entonces, Consejo Santiago, O’Higgins y Colchagua con el H. Consejo General del Colegio de Dentistas, hace ya más de tres décadas atrás.

De hecho, el mismo Estatuto, mencionado por el distinguido colega, señala que “El Colegio, procurará mantener, a lo menos, un Consejo Regional en cada una de las Regiones político – administrativas del país” (Art. 6°) e, incluso ese Estatuto actualmente vigente, considera al Consejo Regional Metropolitano como quien designa al Tribunal de Ética de la Región (Art. 37°)

Es esta precisamente la principal razón, y no crear un paralelismo gremial como plantea el Dr. Irribarra, por la que 62 Cirujano Dentistas colegiados, de diferentes generaciones y representando la más variada área de actividad profesional, incluido un Vicepresidente Nacional y varios Consejeros Nacionales, decidimos, de manera unánime, en una Asamblea citada para ese efecto, con la mayor antelación y difusión posible, recrear el Consejo Regional Metropolitano y, con ello, terminar con un extenso periodo de interdicción.

No puede haber Cirujano Dentistas Colegiados que elijan a sus autoridades regionales y otros que, por vivir en una determinada Región, se les niegue ese derecho y se deban conformar con una tutela arbitraria.

Tampoco concuerdo con el Dr. Irribarra, cuando sostiene que los Consejeros Nacionales que viven en Santiago representan a la Región Metropolitana. Por el contrario, una decisión tomada por los Dentistas de la Región Metropolitana, reunidos en la última Asamblea Metropolitana, en torno al Arancel del Colegio, no fue apoyada en la Convención Nacional por varios de ellos, incluyendo al Vicepresidente Nacional encargado de la Metropolitana, a pesar de que todos concurrieron a dicha votación. Primaron, como corresponde a su cargo, los intereses del Colegio a nivel nacional que los de la Región.

Por lo demás al analizar la última elección de Consejeros Nacionales, ocasión en que se renovó el 50% del H. Consejo, se concluye que 5 de 8 Consejeros fueron colocados por las Regiones. Imagino que nadie pensará que los colegas de región votan a favor de quienes no velen por sus intereses.

El Dr. Irribarra señala la existencia de una “Comisión” para reformar los Estatutos.

Es cierto que la Convención Nacional del 2013 creó una Mesa de Trabajo, no una Comisión, para revisar las modificaciones que requieran los estatutos.

En el punto 2 de los Acuerdos de dicha Convención se señala: “Constituir una mesa de trabajo que revisará las modificaciones que requieran los estatutos. Esto tendrá plazo de término en marzo 2014. Estas propuestas serán resueltas en un Referéndum nacional. La mesa de trabajo estará constituida por 4 consejeros nacionales y 4 presidentes regionales y será presidida por el Presidente Nacional Dr. Roberto Irribarra Mengarelli.

La convención designa a la Dra. Gianina Caneppa M., Presidenta del H. Consejo Regional Valparaíso, al Dr. Rolando Danyau I.,Presidente del H. Consejo Regional Concepción, al Dr. Guillermo Moreno Z., Presidente del H. Consejo Regional O’Higgins y al Dr. Waldemar San Francisco G., Presidente del H. Consejo Regional Copiapó, por parte de los Consejos Regionales. Los integrantes por parte del H. Consejo Nacional serán nominados en Sesión de Consejo.”

En dicha Mesa de trabajo se excluyó a los Capítulos de la Región Metropolitana que son partícipes, con muchas condiciones a cumplir, de la Convención Nacional.

Cabe destacar que, al leer los Acuerdos de la Convención Nacional 2014, en ninguna parte se prorrogó ni amplió las funciones de dicha Mesa de Trabajo, la que, por mandato de la Convención del 2013, venció en Marzo de 2014.

Por lo demás las materias en torno a Modificación de Estatutos no le corresponden a la Convención Nacional, sino que son materia de una Asamblea Nacional Extraordinaria como lo señala el Art. 55° letra a de los Estatutos actualmente vigentes.

Como Cirujano Dentistas de la Región Metropolitana estamos consientes que el Estatuto debe modificarse y adaptarse a los tiempos que corren. Para ello, mediante una carta a la Directiva Nacional hemos solicitado coordinar reuniones para colaborar en esa tarea que nos concierne a todos.

Chile está cambiando. Los llamados de participación, transparencia, equidad y no discriminación están presentes en el día a día. Nuestro Colegio de Cirujano Dentistas de Chile no puede estar ajeno.

Dr. Braulio Contador Peña

Presidente Consejo Regional Metropolitano

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile

La vida: derecho humano y compromiso

En el contexto de la discusión sobre la despenalización o legalización del aborto, debate que no nos interesa censurar ni eludir, quisiéramos -con el mayor de los respetos por quienes piensan distinto- manifestar públicamente nuestra adhesión a los siguientes principios fundamentales:

1) Todo individuo de la especie humana, desde la concepción, y cualquiera sea su condición, o las circunstancias de su procreación, participa de una igual dignidad. Una comunidad que respeta y promueve los derechos humanos debe proteger la vida de las personas que están por nacer.

2) La existencia de casos límite, afortunadamente de muy rara ocurrencia, en que la única forma de salvar la vida de la madre supone aplicar una terapia que puede acarrear como consecuencia inevitable no deseada la interrupción de un embarazo no constituye una verdadera hipótesis de aborto y puede ser resuelta, hoy, a favor de la vida de la madre, sin que resulte necesario aprobar una ley especial autorizante.

3) Sin querer imputar intenciones, nos parece importante llamar la atención sobre el hecho que muchos de quienes promueven hoy una acotada despenalización para casos especialísimos, adscriben también a la tesis, que no podemos compartir, según la cual la mujer tendría un derecho fundamental a decidir, dentro de las primeras 12, 16 o 20 semanas del embarazo, y sin expresión de causa, si ella desea abortar o no. Nos parece que una explicitación de las visiones ayudaría a tener, ahora ya, un debate sobre el fondo del problema.

4) No nos parece adecuado hacer de la criminalización de las mujeres que enfrentan disyuntivas dramáticas el eje principal de una política de defensa de la vida de la persona que está por nacer. Pensamos, por lo demás, que la legislación vigente contempla una causal eximente de responsabilidad penal (número 11 del artículo 10 del Código Penal) que es suficiente para resolver la inmensa mayoría de las situaciones extremas sin la aplicación de pena penal a la mujer.

5) La mejor manera de avanzar, en serio, en la compatibilización del derecho a la vida del no nacido y de los derechos de las mujeres supone el involucramiento activo y solidario del conjunto de la comunidad (familias, escuelas y asociaciones). Toca al Estado, por su parte, impulsar políticas públicas que apoyen a las madres en situación difícil y que faciliten la adopción de los niños no deseados.

Soledad Alvear Valenzuela

EX SENADORA Y EX MINISTRA DE ESTADO

Jorge Fábrega Lacoa

PROFESOR UNIVERSITARIO

Francisca Ortega Frei

PROFESORA UNIVERSITARIA

María Pía Silva Gallinato

EX SENADORA DE LA REPÚBLICA Y EX MINISTRA DE ESTADO

Andrés Vodanovic Escudero

EX PDTE. CENTRO DE ALUMNOS DE DERECHO, PUC, 2012

Carlos Massad

ECONOMISTA

Eduardo Saffirio

PROFESOR UNIVERSITARIO

Sergio Micco Aguayo

PROFESOR UNIVERSITARIO

Patricio Zapata Larraín

PROFESOR UNIVERSITARIO

Por la libertad y el entendimiento en Venezuela

Queremos sumarnos a la condena de la situación que afecta a Leopoldo López y a todas las personas que hoy permanecen presas en Venezuela por razones políticas, como lo han hecho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo sobre detención arbitraria y el Comité contra la Tortura también de la ONU, el Parlamento Europeo, la Internacional Socialista y la ODCA.

El próximo mes de febrero, Leopoldo López, importante dirigente de la oposición, cumplirá un año de detención arbitraria en la Cárcel Militar de Ramo Verde en los suburbios de Caracas. Junto a él, en el mismo recinto permanecen también detenidos los alcaldes Daniel Ceballos y Vicenzo Scarano. En otras cárceles hay decenas de jóvenes estudiantes detenidos tras las manifestaciones de un año atrás.

A ellos se les desconoce el derecho a un proceso justo, la presunción de inocencia y su derecho a la libertad provisional. Las acusaciones que pesan en su contra son jurídicamente improcedentes. Reprocharle a Leopoldo López la autoría de un llamamiento implícito para subvertir violentamente el orden institucional, es un cargo que no se concilia con la realidad y que contraviene los principios del derecho penal moderno en democracia.

Consideramos un acto de coherencia política y de gratitud hacia Venezuela requerir la inmediata liberación de los presos políticos de ese país hermano, y valoramos la disposición del Gobierno de Chile de contribuir a un diálogo nacional que permita resolver la crisis venezolana por el camino del entendimiento, como lo plantearon los países de UNASUR.

Apoyan esta carta 13 ex ministros de Chile de los partidos Socialista, por la Democracia, Democracia Cristiana y Radical- Social Demócrata:

Soledad Alvear, Genaro Arriagada, Sergio Bitar, Jaime Campos, Adriana Delpiano, Alvaro Erazo, Clarisa Hardy, Sergio Jiménez, Isidro Solis, Carolina Toha, Belisario Velasco, Jose Antonio Vieragallo, Francisco Vidal.