En el contexto de la discusión sobre la despenalización o legalización del aborto, debate que no nos interesa censurar ni eludir, quisiéramos -con el mayor de los respetos por quienes piensan distinto- manifestar públicamente nuestra adhesión a los siguientes principios fundamentales:
1) Todo individuo de la especie humana, desde la concepción, y cualquiera sea su condición, o las circunstancias de su procreación, participa de una igual dignidad. Una comunidad que respeta y promueve los derechos humanos debe proteger la vida de las personas que están por nacer.
2) La existencia de casos límite, afortunadamente de muy rara ocurrencia, en que la única forma de salvar la vida de la madre supone aplicar una terapia que puede acarrear como consecuencia inevitable no deseada la interrupción de un embarazo no constituye una verdadera hipótesis de aborto y puede ser resuelta, hoy, a favor de la vida de la madre, sin que resulte necesario aprobar una ley especial autorizante.
3) Sin querer imputar intenciones, nos parece importante llamar la atención sobre el hecho que muchos de quienes promueven hoy una acotada despenalización para casos especialísimos, adscriben también a la tesis, que no podemos compartir, según la cual la mujer tendría un derecho fundamental a decidir, dentro de las primeras 12, 16 o 20 semanas del embarazo, y sin expresión de causa, si ella desea abortar o no. Nos parece que una explicitación de las visiones ayudaría a tener, ahora ya, un debate sobre el fondo del problema.
4) No nos parece adecuado hacer de la criminalización de las mujeres que enfrentan disyuntivas dramáticas el eje principal de una política de defensa de la vida de la persona que está por nacer. Pensamos, por lo demás, que la legislación vigente contempla una causal eximente de responsabilidad penal (número 11 del artículo 10 del Código Penal) que es suficiente para resolver la inmensa mayoría de las situaciones extremas sin la aplicación de pena penal a la mujer.
5) La mejor manera de avanzar, en serio, en la compatibilización del derecho a la vida del no nacido y de los derechos de las mujeres supone el involucramiento activo y solidario del conjunto de la comunidad (familias, escuelas y asociaciones). Toca al Estado, por su parte, impulsar políticas públicas que apoyen a las madres en situación difícil y que faciliten la adopción de los niños no deseados.
Soledad Alvear Valenzuela
EX SENADORA Y EX MINISTRA DE ESTADO
Jorge Fábrega Lacoa
PROFESOR UNIVERSITARIO
Francisca Ortega Frei
PROFESORA UNIVERSITARIA
María Pía Silva Gallinato
EX SENADORA DE LA REPÚBLICA Y EX MINISTRA DE ESTADO
Andrés Vodanovic Escudero
EX PDTE. CENTRO DE ALUMNOS DE DERECHO, PUC, 2012
Carlos Massad
ECONOMISTA
Eduardo Saffirio
PROFESOR UNIVERSITARIO
Sergio Micco Aguayo
PROFESOR UNIVERSITARIO
Patricio Zapata Larraín
PROFESOR UNIVERSITARIO
