jueves, 13 de octubre de 2011

Fin al lucro con fondos públicos es una reforma legal, no constitucional

En el año 2007 el congreso de la DC aprobó poner fin al lucro con fondos públicos. Fue el primer partido en pronunciarse en esa dirección.

Actualmente se tramita una reforma legal, que cuenta con la adhesión de 23 senadores (se requieren de 22 votos para aprobarla) destinada a que los fondos públicos, que vía subvención se destinan a educación básica y media, vayan directa e íntegramente al proyecto educativo, considerando que se trata de una subvención al alumno y no al sostenedor.

En el día de ayer la Comisión de Educación rechazó por 4 votos contra 1 un proyecto de reforma constitucional sobre el lucro, considerando que es materia de reforma legal y no constitucional. Paralelamente en el día de ayer 7 senadores (Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana, Andrés Zaldívar, Ignacio Walker, Lily Pérez, Carlos Cantero y Carlos Bianchi) explicitaron e hicieron público una propuesta concreta sobre esta materia a fin de avanzar en el senado en la aprobación de dicho proyecto de reforma legal.

Ignacio Walker

Presidente PDC

martes, 30 de agosto de 2011

DECLARACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL PDC




1. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano alienta el diálogo social y político en materia educacional, reiterando que este diálogo debe darse no solo entre gobierno y oposición, sino principalmente de cara y no de espaldas a los actores sociales, contando con su activa participación.

2. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano hace suyo el documento “Más y Mejor Democracia para todos los chilenos”, elaborado por un grupo de parlamentarios del PDC. Este fue dado a conocer como un borrador para el más amplio debate entre los actores sociales y políticos, y la opinión pública en general.

3. El Consejo Nacional mandata a las bancadas parlamentarias del partido para que respalden la iniciativa de sustitución del sistema binominal por uno de representación proporcional, y eliminación de quórum de “súper mayorías”, como aspectos esenciales para el cambio del sistema político, con miras a asegurar la representatividad y credibilidad de los representantes populares. También concordamos en fijar límite a la reelección de los parlamentarios.

4. Necesitamos reformas políticas para hacer posibles las reformas sociales. El PDC alienta las diversas formas democráticas que permiten un cambio político-institucional efectivo, tras el objetivo de “Más y mejor democracia”. Este es el único y verdadero camino tras el objetivo de avanzar hacia una verdadera justicia social y económica.

5. Una de las modalidades que puede conducir al cambio político-institucional es la Comisión Bicameral propuesta por los senadores Andrés Zaldívar y Camilo Escalona. El Consejo Nacional valora dicha iniciativa.

6. Un aspecto de vital importancia para desempatar nuestra democracia es implementar la inscripción automática como forma de incorporar más representación, participación y competencia indispensable al sistema político.

7. De no prosperar un cambio propuesto por la vía legislativa, el PDC considera plenamente válido un plebiscito que permita el cambio político-institucional que constituye la sustancia de nuestra propuesta.

8. Consideramos imprescindible la búsqueda de fórmulas plebiscitarias que permitan a la ciudadanía en su conjunto dirimir las diferencias que, a propósito de las reformas constitucionales, se produzcan entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Además, nos parece indispensable introducir reformas en la ley vigente para que el Plebiscito Comunal no sea un mecanismo solo al alcance de los municipios más ricos.

9. Hacemos nuestra la declaración de la JDC, cuando dice: reafirmamos “la idea de generar una nueva Constitución para Chile aprobada en el V Congreso Ideológico y Programático del PDC y planteado con firmeza en la reciente campaña presidencial por el camarada Eduardo Frei”. Es importante recordar que en la propuesta de nueva constitución de Eduardo Frei, se incluía explícitamente un mecanismo participativo de la ciudadanía.

10. El Consejo Nacional solidariza con la familia de Manuel Gutiérrez, expresa su más sentido pésame, exige que se haga justicia y que las instituciones asuman su responsabilidad. Garantizar el orden público es y debe ser compatible con el uso proporcional de la fuerza y el respeto irrestricto de los derechos de las personas.


29 de agosto de 2011

miércoles, 10 de agosto de 2011

Se comunica lamentable fallecimiento de la camarada María Malhue Poblete



Camaradas y amig@s:

Lamento comunicar el fallecimiento, en horas de la mañana, de la camarada María Malhue Poblete, militante de la comuna de Peñaflor.

María, quien aún no cumplía 70 años, viuda del también camarada Rafael Labarca, recientemente fallecido, militaba en nuestro Partido desde 1969 y era una destacada dirigenta social.

En horas de la tarde su cuerpo fue trasladada a su domicilio.

Mañana Jueves 11 de Agosto se oficiará una misa en su memoria, en la capilla de la Villa Nazareth de Peñaflor, a las 15:00 Hrs.

Será sepultada en el Parque del Recuerdo "Padre Alberto Hurtado" a las 16:00 Hrs.

Doy gracias a Dios haberla conocido y haber sido considerado como su amigo y camarada.

Que Él la tenga en su Santo seno.

Braulio Contador

lunes, 8 de agosto de 2011

Carta de Francisco Huenchumilla a Ignacio Walker: "El voto voluntario, el dinero y la política"

Temuco, 8 de Agosto de 2011

Sr. Presidente Nacional del PDC

Senador Ignacio Walker Prieto

Santiago.


Ref.: El voto voluntario,el

dinero y la política.-

Estimado Ignacio:

De acuerdo a lo que te expresaba en una carta anterior, me dirijo a ti, esta vez, para tocar un tema que me parece de la máxima importancia como es la relación entre “el dinero y la política”, a propósito de la ley que debe regular la inscripción automática y el voto voluntario y que, según entiendo, está en tramitación en el Senado. Por ello que yo titulaba este tema “el voto voluntario y el error (o ingenuidad) de la Concertación”. Naturalmente que, para este título un poco fuerte, tengo mis argumentos que deseo exponerte en esta misiva.

Este es un tema que se viene arrastrando hace años, impulsado por la derecha y por sectores “liberales” de la Concertación basado en un supuesto modernismo de la sociedad y en la actitud, supuesta también, pero al parecer con fundamentos, lejana, de importantes sectores, mayoritariamente jóvenes, de la política y por ende de su negativa o pasividad para inscribirse en los registros electorales y participar en las elecciones.

El remedio, según estos sectores (que toman esta idea de países desarrollados con arriba de 30 mil dólares per cápita) era y es la inscripción automática y el voto voluntario que se incorpora a nuestra Constitución mediante la ley 20.337 del 4 de Abril del 2009, ley que tuvo su origen en una moción de los Senadores Alberto Espina, Antonio Horvath, Sergio Romero y José Antonio Viera-Gallo.-Esta misma ley introdujo una disposición vigésimo tercera transitoria en la Constitución en virtud de la cual se estableció que la inscripción automática y el voto voluntario entrarían a regir una vez que se dictara la respectiva ley orgánica constitucional, que ,como ya señalé, se encuentra actualmente en tramitación en el Senado.-

Mi opinión es que constituye un grave error político aprobar sin más el voto voluntario sin entrar al debate del cambio del sistema político y en particular al cambio del sistema binominal y a legislar en forma rigurosa sobre la relación entre el dinero y la política y el financiamiento de las campañas electorales.-

Como el tema me parece de la máxima importancia para el futuro del sistema político de nuestro país, no me he querido guardar para mi mismo mis prevenciones y perspectivas y me ha parecido, mí deber, planteártelas derechamente.

Qué es lo que hay detrás de todo esto?

Hagamos un poco de historia.-Acabamos de celebrar el Bicentenario de la República.Es la historia oficial; partamos, en consecuencia, de esa base.-

En estos 200 años de la República, la clase alta chilena, o sea la derecha gobernó los primeros 128 años (no contemos algunos episodios que no van al centro del poder).-

El año 1938 asume, por primera vez, la conducción del Estado chileno, la clase media y sectores populares.-Esto fue posible por un lento proceso de maduración de la sociedad en que participaron, desde los inicios del siglo 20, personas, grupos, movimientos, partidos, e incidieron factores educacionales, culturales y también factores externos, que posibilitaron el paulatino ascenso y protagonismo de la incipiente clase media y sectores populares que habían estado fuera del ejercicio del Poder político los primeros 128 años de la República.-

En estos primeros 128 años los Presidentes de la República,, los Senadores y Diputados, es decir la clase política, estuvo integrada ,dándole forma a esta “democracia representativa”, exclusivamente por miembros de la clase alta: agricultores, abogados, grandes comerciantes, empresarios de la minería,etc;todos pertenecientes a las familias mas acomodadas del país; era la derecha chilena.-Estas personas, con su situación personal y familiar, estaban en condiciones de solventar los gastos de campaña, los traslados a lo largo del país, la atención de sus electores , el pago del voto mediante el cohecho, práctica generalizada, sin preocuparse y sin necesidad de requerir retribución alguna por parte del Estado para “poder vivir”.-Tales personeros no percibían remuneración alguna del Estado por el ejercicio del cargo, pero se beneficiaban del uso del Estado para sus negocios y para el incremento de su riqueza.-La oligarquía chilena, que tenía el poder, recién puso el tema en la década del 20 ,pero lo hizo de manera tan torpe que, junto con rechazar las reformas políticas y sociales presentadas por el Presidente Alessandri, aprobó exclusivamente la dieta parlamentaria, lo que detonó , definitivamente, el golpe militar del 11 de septiembre de 1924.-

Era la sociedad chilena del siglo 19 y primeras décadas del siglo 20 donde había ricos y pobres marginados, excluidos y analfabetos; era el gobierno de la oligarquía criolla.-

En estos 128 años nunca votaron las mujeres; tampoco los analfabetos. Los obreros, peones, inquilinos y campesinos eran tributarios de sus patrones por la vía de la dependencia laboral o del cohecho.-Recién en 1935 las mujeres tuvieron derecho a voto pero exclusivamente para las elecciones municipales.-Con razón el Senador Walker (me imagino que tu abuelo) señalaba a mediados de los 40 que en Chile solo votaba poco más del 8% de la población.-

El sector social que asumió el poder el año 1938 gobernó por 20 años; hasta el año 1958.En estos 20 años se desarrolló un importante proceso de industrialización y de mayor participación del Estado en la economía producto de las políticas keynesianas implementadas en el mundo después de la gran depresión del año 1929.Sin embargo, y para los efectos de la materia que nos ocupa en estos 20 años, de 1938 a 1958,se dictaron dos cuerpos legales que cambiarían el curso de la historia electoral de Chile.-El año 1949 se le concedió derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias con lo cual el padrón electoral se incrementó en miles, y ahora millones, de nuevas electoras llamadas a tomar decisiones colectivas obligatorias-Pero, probablemente el cambio más trascendental, en materia electoral, lo produjo la ley 12.889 del 31 de mayo de 1958 que estableció la cédula única que terminó con el cohecho desembozado que se venía practicando desde los inicios de la República por 148 años ni más ni menos.

Mediante la estructura económica, social, y legal la derecha chilena fue mayoría electoral durante casi los dos tercios de la vida republicana.-

Junto a los grandes cambios que había experimentado el mundo después de la Segunda Guerra y a la polarización y aires revolucionarios que recorrían el planeta, la derecha chilena recuperó el poder el año 1958, esta vez con aplicación de la ley que había establecido la cédula única.-Este proceso tiene singular importancia porque sinceró el escenario electoral: la derecha no era mayoría ya que el candidato derechista Jorge Alessandri ganó con una mayoría relativa de un tercio de los votos y necesitó de la ratificación del Congreso para asumir la Primera Magistratura.-

Nunca más la derecha fue mayoría en el país.-Sufrió derrotas aplastantes en la década de los 60 y hasta el golpe militar del año 1973- El país vivió desde el año 1958,y probablemente desde unos años antes, el fenómeno electoral conocido como “los tres tercios”.-

Este sinceramiento electoral fue producto de distintos fenómenos sociales, económicos y políticos del mundo y de Chile, digamos desde la Segunda Guerra Mundial.-

¿Cuánto influyó el cambio del sistema electoral implementado el año 1958? La cédula única contribuyó a la limpieza de los actos electorales y fue una garantía para los sectores que no disponían de grandes recursos económicos y le dificultó enormemente a la derecha hacer uso del dinero que había sido su” caballito de batalla” por cerca de 150 años.-

Lo concreto es que al colapsar la democracia el año 1973 la derecha había dejado de ser la mayoría electoral que había ostentado durante gran parte de la vida republicana, merced a las estructuras sociales y económicas y al uso del dinero que le permitía los grandes vacíos legales. La relación entre el dinero y la política ha cruzado la historia electoral de Chile aplicada sistemáticamente por la derecha chilena.-

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Quiero hacer un paréntesis ya que la relación entre el dinero y la política, en nuestra cultura occidental, viene desde el tiempo de los griegos y más recientemente, en los inicios del siglo 20 en la formación de los grandes partidos de masas europeos, socialistas y socialdemócratas, que, para hacer frente, al apoyo que prestaban los grupos económicos a la derecha de esos tiempos, necesitaban de miles de militantes que con pequeños óbolos pudieran contrarrestar el poder del dinero.

Después de la segunda guerra mundial, en Europa y Estados Unidos el factor dinero fue tan determinante que se tuvo que dictar una legislación que regulara rigurosamente el tema y que, además, estableciera el financiamiento público para los actos electorales, la política y los partidos políticos.

En Chile nunca se legisló sobre esta materia sino hasta el año 2003.

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De esa manera, al momento del golpe militar del 73 la mayoría social y política estaba conformada por los sectores populares y la clase media .¿ Cómo es que la derecha logró revertir, con el curso de los años, esa tendencia , al punto de que en las elecciones presidenciales de Lagos y Bachelet se tuviera que resolver la contienda en una segunda vuelta, y se convirtiera, en la elección siguiente, nuevamente en mayoría con el candidato Sebastián Piñera y de paso la UDI se transformara, unos años antes, en el primer partido político del país?

Para dar respuesta a esta interrogante hay que entender que el golpe del 73 no fue una asonada más, como estábamos acostumbrados los centro y sudamericanos en todo el curso del siglo 20.- La labor de Pinochet fue una tarea refundacional.- Imbuidos, los militares chilenos, de la doctrina de la Seguridad Nacional su objetivo político estratégico era que nunca más “un enemigo interno” pudiera poner en peligro las reglas del juego del sistema, y, para lo cual, había que establecer una “democracia protegida”.- Con la asesoría técnica de la derecha, y específicamente de personeros formados al alero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los discípulos de Chicago, convencieron a Pinochet y compañía de transformar el sistema capitalista, con intervención estatal que había conocido el país en el siglo 20 por un neocapitalismo inspirado en la ideología del Neoliberalismo donde todos los fenómenos, sociales y políticos son explicados a partir de la lógica económica del mercado. De esa manera, se inició un profundo proceso de transformación del Estado, reducido a las tareas de la defensa nacional y de la seguridad pública, iniciándose un proceso de privatización de la economía, incluida la previsión, la salud y la educación. El estado quedó reducido al mínimo. El Estado gendarme.

El país conoce la sociedad en que vivimos.-

No es el propósito adentrarnos en estos temas.-

Mi objetivo es la relación entre el dinero y la política y de qué manera la derecha logró constituirse nuevamente en mayoría electoral y política (no en mayoría social).-Por lo tanto vuelvo a eso.-

Los militares tienen una ventaja sobre los civiles (me refiero a los partidos políticos). Están acostumbrados a la planificación y para ello saben que es clave contar con objetivos claros y determinados. En este caso, militares y civiles inteligentes, que los tenían, planificaron cuidadosamente la forma de evitar que “el sistema” pudiera verse, nuevamente, en “ peligro” y para lo cual, había que establecer reglas del juego que impidieran tal posibilidad. Y estas reglas del juego se plasmaron en la Constitución Política del 80. En estas reglas era claro que los garantes tenían que ser las Fuerzas Armadas, pero, además, era claro, que había que impedir que se formara(o renaciera) una mayoría que pudiera intentar, en un futuro, que inevitablemente tenía que llegar, cambiar tales reglas poniendo nuevamente en peligro “el sistema”.-Había, pues, que establecer un método, “un mecanismo” que protegiera esta “democracia” nueva que se estaba instaurando en la Constitución del 80.-La manera de impedir que se formara esta mayoría contraria al sistema, era evitar que volviera a renacer esa mayoría social y política que había existido en la antigua democracia y para lo cual era necesario establecer mecanismos que permitieran a las fuerzas políticas partidarias del régimen constituirse en mayoría, y para el evento de que las fuerzas contrarias llegaren a ser mayorías aquéllas contaran con un mecanismo de salvataje que se tradujera en un empate político que salvaguardara el “sistema”.- Esos mecanismos fueron:

-la conformación de los distritos y circunscripciones electorales

-el sistema binominal en que 33 equivale a 50

-los elevados quórum para reformar la constitución y las leyes orgánicas constitucionales y

-los senadores designados.-

Fue una verdadera operación de inteligencia (no en el sentido técnico, sino en cuanto se toma una decisión, en base al procesamiento de información, pasada, presente y en perspectiva, con el propósito de conseguir u obtener determinados objetivos, en este caso objetivos político-estratégicos).

El país ha sido testigo como este diseño arquitectónico de ingeniería electoral ha funcionado correctamente, manteniéndose, hasta la fecha, intacto la esencia del sistema.-

Una vez que la mayoría electoral de la derecha estuvo consolidada, mediante el empate político o con una leve ventaja, accedió a desprenderse de un mecanismo de salvataje desprestigiado, a esas alturas( o que ya no le era funcional)como eran los senadores designados.-Pero,ha mantenido intocado e intocable el resto del cerrojo.-

Hecha, esta arquitectura electoral, correspondía, ahora, “a los señores políticos” partidarios del régimen diseñar la estrategia para alcanzar los objetivos.-Esta tarea la tomó, como era de esperar y era lo que correspondía, la nueva derecha inspirada e inspiradora de la ideología neoliberal que le daba sustento iluminador al nuevo sistema político que se estaba implantando en Chile.-Esta nueva derecha era y es el gremialismo, compuesto por personeros lúcidos, bien formados intelectualmente y con “ la película clara “ respecto de los objetivos político-estratégicos que habían diseñado con los militares del estado mayor.Este gremialismo sabía que para construir esta “nueva democracia” había que dejar en el pasado a la “vieja derecha” de los pipiolos,conservadores,nacionales etc. y construir una nueva derecha,moderna,neoliberal,capitalista,un poco al estilo de los republicanos del país del norte,con la diferencia que aquí sería católica conservadora en lo valórico.-Esa nueva derecha sería la UDI ,y al poco andar la “UDI popular” visionaria, planificadora (como buenos discípulos del estado mayor) centralista (como un estado mayor),con una dosis adecuada de populismo, y con plena conciencia de que, para que este proyecto fuera exitoso,se requería contar con recursos,tarea que deberían cumplir los grupos económicos surgidos al alero del Gobierno Militar.-“Poderoso caballero es don dinero”.

Este diseño estratégico se basaba (y se basa) en los siguientes aspectos:

a) marketing político

b) medios de comunicación

c) el dinero y la política

d) captación del voto popular y

e) el voto voluntario.-

Desarrollemos estos puntos:

a) el marketing político:inspirados en la ideología neoliberal que explica la sociedad a través del prisma económico y de la experiencia norteamericana,y en el camino de vuelta a la democracia, los candidatos eran “productos” que debían ser “vendidos” a los “ consumidores” es decir a los electores.-Por lo tanto debía ser un producto bien presentado,resaltando todas sus condiciones y a gusto del consumidor.-En consecuencia, había que hacer un buen trabajo de diseño de propaganda, de papelería, de vestuario, de presentación y facha del ( o la ) candidato (a).-Este debía ser un producto bonito, fácil de vender,a gusto de las grandes masas que gustan de vociferar frente a las estrellas.-¿te has fijado en los tipos de candidatos y sobretodo candidatas que tiene la derecha y particularmente la Udi? Bueno,a eso me refiero.-Se sabe que hay un electorado ilustrado que es inmune a estos artilugios, pero hay grandes masas de votantes que son manipulables y ,precisamente,a los cuales iba dirigido este diseño.-

b) los medios de comunicación: el uso de estos medios ha sido clave en el posicionamiento de los liderazgos,a todos los niveles, de los candidatos de la derecha, con el apoyo irrestricto de las grandes cadenas de diarios, revistas,y canales de televisión,influenciados,tambièn,en sus finanzas, por los grandes avisadores de publicidad pertenecientes a conglomerados económicos cuyos dueños son derechistas y que ,seguramente,presionaban para que los medios privilegiaran la aparición de sus”apadrinados”.-Todos fuimos testigos de esto y de todas las cortapisas que puso la derecha para TVN ( entre ellos la conformación de su Directorio y la obligación de autofinanciamiento).Recientemente se ha ido produciendo un cambio con la mayor independencia de los canales de TV y del surgimiento con fuerza de las redes sociales.Aùn asì,la prensa escrita, que tiene cadenas a lo largo del país, es claramente sesgada e ideológica.-

c) el dinero y la política.-Ya se sabia por las experiencias,sobretodo,norteamericanas,que la recolección de dinero para las campañas electorales era un factor clave para lograr buenos resultados.-La derecha lo había practicado burdamente a lo largo de la historia electoral de Chile mediante el cohecho.-Pero,ahora,la sociedad había cambiado y se requerían sumas mas que considerables, sobretodo porque ,junto al cohecho tradicional, era menester solventar la propaganda y el avisaje de los grandes medios de comunicación que requería el nuevo diseño estratégico ya señalado.-Aquí los grupos económicos tenían que cumplir su tarea y devolver, de esa manera, la mano por todo lo que habían obtenido en el Gobierno Militar.Total,ellos eran parte del diseño planificado.-De esa manera la Udi inició su camino con la finalidad de convertirse en el partido mas grande de Chile, y de paso reducir a la DC a su mínima expresión y ser el grupo dominante respecto de aquellos que representaban a la vieja derecha, con el propósito de alcanzar, esta vez en Democracia, la conducción del Estado y, de esa manera, hacer realidad sus objetivos político estratégicos que planificadamente habían concebido en los cubículos secretos del Gobierno Militar.Después de los finteos,propios de un precalentamiento con los candidatos presidenciales Buchi y Alessandri,la Udi se la jugó por entero por Joaquín Lavin,el año 1999,persona que encarnaba plenamente el ideario y el perfil gremialista; y se la jugó con tal despliegue de recursos,y bajo el “relato” del “Cambio” que obligó a Ricardo Lagos a una definición en segunda vuelta, no obstante que éste venía con un potente prestigio y una elevada imagen de triunfo después de haber obtenido la candidatura en unas contundentes “ primarias “a su favor.Nunca se supo cuánto gastó efectivamente el candidato gremialista.-No había ley al respecto.-Siguiendo el diseño la Udi siguió trabajando en la perspectiva planificada y así fue como en las elecciones parlamentarias del 2001 se convirtió en el primer partido político del país sobrepasando a la DC y a la derecha tradicional representada por RN.De esta manera,se daba por cumplido uno de sus grandes objetivos estratégicos.- Así fuertemente asentada, la Udi se puso generosa y concurrió a los acuerdos del año 2003 sobre reforma del Estado en variados aspectos.-Uno de estos era el problema del gasto electoral sobre el cual nunca en la historia de Chile se había legislado.La sociedad había tomado cierta conciencia acerca de la necesidad de legislar al respecto.-La propia derecha liberal había hecho estudios al respecto en el Centro de Estudios Públicos (CEP).Asi es como, fruto de este acuerdo, se dicta la ley 19.884 de 5 de agosto del 2003 sobre Transparencia,Límite y Control del gasto electoral.-Fue, sin duda un avance ya que por primera vez,en 193 años, la República se ocupaba de este tema.-También ,esta ley, estableció por primera vez el financiamiento público para las campañas electorales.-No obstante esta ley dejaba amplio espacio para, en definitiva, gastar dentro de la ley y al margen de la ley, sin sufrir mayores sobresaltos.Todos los que hemos sido candidatos, sabemos que el inicio de la propaganda 30 días antes de una elección es una norma de papel,ya que el despliegue comienza unos 4 o 5 meses antes, bastando evitar la consabida frase de “vote por” para que todo sea “legal”.-Sabemos, también que el gasto y/o derroche va desde las grandes gigantografías hasta el pago de las cuentas de luz, agua y regalos de todo tipo.Todos tendríamos muchos ejemplos que dar.-Las cuentas oficiales se circunscriben a lo gastado en los últimos 30 días.-Es un hecho público y notorio que la derecha es el sector que mas gasta y ,dentro de ella, la Udi se lleva las palmas.-Solamente mirando cifras oficiales del Servel,según lo declarado, de acuerdo a la ley,te doy los siguientes datos entre la Udi y la DC cuando por primera vez se aplicó la ley:

1.-Elección de Alcaldes 2004.-Solo en el rubro propaganda.-

Gasto declarado por la Udi: $ 476.382.045.-

Gasto declarado por la DC; $ 136.903.758.-

2.-Elección de Concejales 2004.-Solo en el rubro propaganda.-

Gasto declarado por la Udi : $ 1.018.924.191.-

Gasto declarado por la DC: $ 170.556.397.-

3.-Elección de Diputados 2005.-Solo en el rubro propaganda.-

Gasto declarado por la Udi: $ 1.463.166.235.-

Gasto declarado por la DC :. $ 249.359.618.-

4.-Elección de Senadores 2005.-Solo en el rubro propaganda.-

Gasto declarado por la Udi: $ 908.426.976.-

Gasto declarado por la DC : $ 243.839.389.-

¿Te imaginas cuánto se habrá gastado en la realidad, si solo para los últimos 30 días se sinceran esas cifras?

¿Te imaginas, cuánto más se habrá gastado por otros rubros si solo en propaganda declaran esos montos?

¿Te imaginas cuánto más, por su cuenta, habrán gastado cada uno de los respectivos candidatos?

¿De dónde salieron y salen estos recursos?

¿En este sistema, existe algún espacio para los más pobres o miembros de las clases más modestas?

Existe un estudio al respecto que te lo adjunto denominado “Control del financiamiento y gasto electoral en Chile” por los autores srs. Luis Gonzalo Urcullo Cossio y Emilio José Moya Díaz, con la asesoría externa de Eduardo Ángel Goetz, publicado por Chile Transparente y el BID.-

Que el partido lo estudie y saque las conclusiones.-

En resumen, el uso del dinero constituye una variable clave en el sistema político.

d) Captación del voto popular. después de un cierto tiempo la Udi se agregó el apelativo de “popular”.-Esto no fue un acto de pura demagogia, sino que respondía a un diseño planificado cuidadosamente.-La derecha estaba consciente, por la historia electoral del país y por las circunstancias históricas de Chile y el mundo que era impensable que por sí misma volviera a ser mayoría.-Pero,sabía,también,que tenía un piso de al menos un tercio de los votos ( ello explica también el sistema binominal donde 33 equivale a 50 )a lo cual habría que agregar un plus por el arrastre que le dejaría el voto duro pinochetista.-¿de qué sector social,entonces,lograr los porcentajes necesarios para acercarlos a la mayoría y con un poco de suerte y por los errores que seguramente cometerían sus adversarios, lograr la mayoría necesaria para retomar la conducción del Estado? L a Udi apostó a los sectores populares: eran los más carenciados, los más necesitados y por lo tanto los más receptivos a “resolver” sus problemas del “aquí y del ahora”.-No eran los sectores medios los que podrían captarse mediante el clientelismo.-Los pobres era el sector a conquistar.-L a derecha tradicional tenía un acercamiento a los pobres de manera ocasional para las elecciones, pagaba su cohecho y desaparecía.-Aquí se optó por hacer un trabajo sistemático y de cercanía y de esa manera se lanzaron a conquistar los distritos donde había mayor cantidad de pobres. Incluso sus principales figuras hicieron incursiones en alguno de esos distritos logrando pleno éxito.-Total los distritos del barrio alto era territorio seguro.-De esta forma la Udi logra copar mayoritariamente los distritos populares de la Región Metropolitana para continuar después en el resto del país. ¿La receta?: trabajo en terreno, cercanía con la gente, una buena dosis de populismo y dinero, mucho dinero.-De esta manera se cuenta con un electorado cautivo producto del clientelismo.-

¿Tu crees que será posible cambiar esto con un sistema binominal????????

¿Cuántos diputados tienen la DC en la Región Metropolitana?

Por supuesto que la Udi no es ni pretende ser un partido popular, en el sentido de ser un partido pluriclasista que abre sus espacios de poder interno e incorpora a los sectores populares a instancias de decisión colectiva.-Ni pensarlo.-Los sectores populares son simplemente clientes a quienes se atiende bien y, ellos por su parte, retribuyen con el voto.-

Si la derecha tiene un piso del 35% y por este diseño se penetra el mundo popular con un 10%, el resto lo colocan nuestros errores.-

De esta manera, y con este diseño la Udi es el principal partido político del país, y no nos equivoquemos con este gobierno de Piñera, ya que ellos han concurrido a su salvataje y harán todo lo que sea necesario para reflotarlo, ya que esto es garantía para el verdadero segundo tiempo cuando la Udi quiera colocar un hombre de sus filas a la cabeza del Estado.-

Pero, hay mas.-El voto voluntario es la guinda de la torta de esta planificación.-

e) el voto voluntario. significa que la gente vota si quiere.-

Al igual que en el mercado yo compro si quiero, yo vendo si quiero, me endeudo si quiero y puedo.-El neoliberalismo explica la sociedad y por ende el comportamiento humano por medio de la economía.-El voto voluntario significa el ingreso del electorado al mercado, donde la clave es la libertad de las personas pero al más viejo estilo de los liberales del siglo 17 donde el hombre le entregaba al Leviatán todo, menos su libertad y su patrimonio.-

El voto voluntario puede significar que una parte significativa del electorado va a condicionar su voto a una contraprestación que para algunos será un programa de gobierno y para otros, posiblemente los más carenciados, puede ser algo más tangible e inmediato.-No nos tapemos los ojos ¿Qué pasa actualmente en muchos sectores poblacionales y rurales en las elecciones? Sucede que los candidatos con mayores recursos siguen practicando el cohecho a la vieja usanza, aprovechándose de las necesidades de la gente; y ésta, con espíritu ladino comenta “algo que toquemos nosotros también en esta vuelta”. Y eso que hoy día el voto es obligatorio y la gente, sobre todo la más modesta, y en particular en los sectores rurales, tienen un gran espíritu cívico siendo la abstención muy baja.-

El día que se instaure el voto voluntario millones de personas entraran al mercado de la oferta y la demanda a merced de los compradores de conciencias, como ha sido desde siempre la vieja historia electoral republicana.-

Mientras nuestro país tenga millones de pobres y carenciados, las necesidades básicas son más fuertes y las posibilidades de resistir el embate de los compradores de conciencia serán siempre menores. No legalicemos de nuevo el cohecho que tanto costó desterrarlo legalmente, lanzando al mercado a millones de compatriotas que, apremiados por sus inmensas necesidades, serán presa fácil de las ofertas del mercado.-

¿Cuántos millones de pobres y carenciados existen en Chile? ¿Cuántas personas o familias viven en Chile con menos de 200, o 300 mil pesos?

El día que Chile sea un país desarrollado no habrá necesidades apremiantes y el debate será otro-Habrá un libre debate de ideas y las necesidades no obnubilarán la mente ni presionarán al bolsillo.

En las condiciones actuales, el voto voluntario es funcional al diseño de la derecha de captar un segmento cada vez mas significativo de los sectores populares mediante el dinero( que estaría nuevamente “legalizado”)y el cohecho en sus múltiples formas.-

Pero hay otro argumento más.-

¿Para qué quiere incorporarse a estos millones de personas, jóvenes fundamentalmente, al padrón electoral?

Para que voten, obvio.-¿y para qué van a votar?¿entre que alternativas van a elegir? ¿La Alianza o la Concertación?

Pero si esto es la crónica de un resultado anunciado!!!

Una democracia efectiva supone, entre otras cosas, que el ciudadano pueda elegir entre alternativas reales.-Es menester que existan alternativas reales.-

¿El sistema electoral , tal como está diseñado hoy en Chile, ofrece alternativas reales?

Todos sabemos que hoy día Chile está viviendo una crisis de representatividad y que esto no va a cambiar mientras no modifiquemos el modelo económico y político, y, en particular, el sistema binominal.-

Todo el país ha sido testigo de cómo se ha ido comportando tal sistema electoral a lo largo de estos años y el desprestigio de las Instituciones que ello ha traído consigo.-

CONCLUSION:

No cometamos el error (o la ingenuidad) de votar favorablemente el voto voluntario sin más y quedarnos callados.

Si al voto voluntario, pero condicionado al cambio del sistema binominal.

El sistema binominal es la madre de todas las batallas.-Si la derecha se niega será la mejor demostración de que prefieren seguir manteniendo el diseño ideado en dictadura.-Será su prueba de la blancura respecto del tipo de democracia que quieren seguir teniendo.-Por lo tanto aquí hay que colocar el acento táctico, con fuerza de manera inclaudicable.-

Si al voto voluntario, pero con legislación con claridad meridiana en la relación del dinero y la política.

Y si no hay acuerdo con la derecha y el Gobierno, no nos dejemos chantajear. Votamos en contra y punto.-Mas temprano que tarde esto tendrá que ser cambiado.-

El país necesita estos cambios y todos somos testigos del proceso social que estamos viviendo.-

Este es un tema. La agenda social va en otro carril, pero para ello debería escribir otra carta.-

El voto voluntario va asociado a otros cambios:

a) al término del sistema binominal y cambio del sistema electoral.

b) a una legislación rigurosa sobre el dinero y la política modificando la ley 19.884.

c) a legislar sobre primarias con financiamiento público.-

d) al financiamiento público de la política y de los partidos políticos.-

e) a la creación de un organismo o superintendencia de fiscalización del financiamiento público y privado y de los gastos electorales.

f) a la modificación de la ley de partidos políticos.

g) a la elección directa del jefe del gobierno regional y de los consejeros.

h) al establecimiento de mecanismos de consulta directa, tales como plebiscitos, referéndum, iniciativa popular de ley etc.

ooooooo-ooooooo

Es posible que todo esto implique un cambio más profundo del sistema político. Los liderazgos se prueban en periodos confusos o de crisis y para ello es indispensable trabajar un buen diseño táctico para enfrentar a la derecha y su Gobierno.

Atrévete. Atrévanse.-Lo peor es que no hagamos nada.

Te saluda con el afecto de siempre en la confraternidad (me imagino que todavía existe) democratacristiana



Francisco Huenchumilla Jaramillo

ex diputado

ex subsecretario

ex ministro

ex alcalde

ex secretario nacional del PDC

Hoy, un modesto militante de base

miércoles, 3 de agosto de 2011

Respuesta de los partidos de la Concertación la propuesta de los actores sociales “Bases para un Acuerdo Social por la Educación”

La Concertación de Partidos por la Democracia saluda al movimiento por la reforma de la educación chilena que han encabezado los estudiantes de Chile, tanto universitarios como secundarios, y que ha sido acompañado por profesores, padres y apoderados, rectores, académicos y funcionarios de nuestras instituciones de educación, y apoyado por la enorme mayoría de chilenos y chilenas de todos los sectores sociales.

Esta es nuestra respuesta al planteamiento de los actores sociales de la educación. Nos comprometemos a que el debate en torno a este tema que vendrá, y que tendrá lugar a nivel legislativo, sea de cara y no de espaldas a los actores sociales, contando con una activa participación de éstos. Este es un borrador abierto al diálogo de la sociedad chilena.

Esta movilización ciudadana, una de las más grandes y extensas que recuerda nuestra historia, ha puesto en el centro del debate nacional la preocupación por asegurar una educación de calidad y equidad para todos y reponer la educación pública en todos los niveles, para que ella cumpla los propósitos de inclusión y movilidad social, desarrollo integral de las personas, formación de ciudadanos responsables y solidarios, cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades. Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son pilares de un solo edificio cuya columna vertebral es el concepto de educación como bien público. Más aun, este movimiento le ha recordado al país que respecto del conjunto de la educación, corresponden al Estado deberes imperiosos para reforzar, extender y garantizar el derecho a la educación como un derecho social y humano universal. Para ello es necesario comprender que este clamor no es por un par de ajustes o unos beneficios aquí o allá, sino que es una demanda social por un cambio en los principios que organizan y dinamizan al sistema educativo, por un cambio estructural del modelo que hoy tenemos. Debe avanzarse hacia un sistema de financiamiento y una institucionalidad que garanticen, en forma efectiva, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Creemos que una reforma integral de la educación debe implementarse a través de un Nuevo Pacto Social y Político por la Educación, que significa primero un pacto constitucional para fortalecer y enriquecer el derecho a la educación, garantizando no sólo el acceso sino también la calidad de la misma; segundo, un pacto fiscal y tributario para garantizar efectivamente el derecho a la educación de calidad y en igualdad de oportunidades para todos los chilenos y chilenas, y, tercero, un pacto sobre políticas públicas en educación, para situar esta reforma como prioridad nacional en los próximos años y revertir, especialmente, el deterioro que experimenta la educación pública.

Interpretamos esta movilización como manifestación de una crisis de crecimiento: los problemas que nos plantean son tremendamente complejos, y obligan a iniciar una política de nueva generación. Por eso, al ver el movimiento estudiantil no podemos más que ser optimistas: ¡cuántos países quisieran tener una juventud capaz de remover a su sociedad para poner a la educación en el centro de la agenda pública! Ustedes lo han conseguido. Por nuestra parte asumimos y somos autocríticos de que, en las políticas educativas implementadas, no logramos fortalecer de manera eficaz el rol del Estado, la calidad de la educación pública y el derecho a la educación entendido como un bien público y derecho social.

Adicionalmente, en el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena” presentado el miércoles pasado, ustedes realizan un conjunto significativo de planteamientos a los que quisiéramos responder, basándonos para ello en nuestras convicciones expresadas recientemente en documentos oficiales de la Concertación de Partidos por la Democracia. Como podrán apreciar, tenemos una altísima concordancia con las propuestas por ustedes planteadas.

En enero de este año la Concertación fijó sus criterios para una reforma integral del sistema escolar y más recientemente, en julio de este año, profundizamos esa mirada, incluyendo en él una posición sobre la educación superior y parvularia. En ambos textos afirmamos nuestra convicción de que el rol del Estado en la educación es insustituible y que debe ampliarse y fortalecerse, no solo en sus aspectos regulatorios, sino también en la provisión directa de la educación en todos sus niveles, parvularia, general y superior, lo que requiere un aumento significativo del gasto fiscal en educación, y por ende, un incremento de la recaudación a través de una reforma tributaria.

Sostenemos que la educación es un bien público, que debe cumplirse la ley que impide el lucro en las universidades, que debe existir un fuerte sistema de rendición de cuentas y de aseguramiento de la calidad y que deben eliminarse todas las trabas al acceso equitativo a la educación, lo que incluye la necesidad de un sistema estatal de educación fuerte y en expansión es la mejor garantía.

También hemos señalado nuestra convicción de que la educación en Chile debe ser pluralista, democrática, de calidad y equitativa, y que el acceso y permanencia en ella deben asegurarse para todos en condiciones de igualdad de oportunidades, lo que supone eliminar toda forma de discriminación arbitraria.

Es decir, reconocemos una amplia concordancia con los principios y planteamientos del documento entregado por el movimiento social.

Así, también en esta respuesta, nos pronunciamos sobre los planteamientos específicos que hacen en su propuesta en materia de educación escolar y superior.

I. Sobre la Reforma Constitucional:

  1. Reforma constitucional. Como lo sostuvimos en el acuerdo de nuestros partidos del 8 de julio de este año, consideramos fundamental consagrar en la constitución el carácter de “bien público” de la educación. Es deber del estado garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de la vida. Asimismo, el estado tiene la obligación de desarrollar una educación pública de calidad, en todos los niveles educacionales. En el caso de la educación superior, consideramos necesario que nuestra carta fundamental incorpore un concepto esencial, cual es el de contar con sistemas de admisión que excluyan la discriminación arbitraria, que garanticen igualdad de oportunidades de acceso y que incorporen medidas eficaces para promover el acceso a jóvenes que requieren de un apoyo especial. También proponemos incorporar el concepto de interculturalidad y de defensa del patrimonio cultural y linguístico de los pueblos originarios en la Constitución.

II. Sobre la educación escolar señalamos:

  1. Educación parvularia. Afirmamos la necesidad de profundizar el esfuerzo previamente realizado en la mejora y expansión de la educación parvularia. Vemos con preocupación que el actual gobierno ha abandonado esta prioridad, así que demandamos que sea repuesta.

  1. Desmunicipalización. Respecto de la “desmunicipalización de la educación”, hemos señalado que fortalecer la educación pública consiste en desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Más aún, estamos convencidos que esta nueva institucionalidad no puede consistir en un conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado, con gestión descentralizada y participación de las comunidades, que establezca al Ministerio de Educación como responsable final de su funcionamiento.

  1. Financiamiento basal para la educación pública. Respecto del financiamiento de la educación pública, ya en enero del presente año señalamos que este se debe modificar estructuralmente de manera de ir avanzando a un óptimo que garantice el 100% de los recursos para lograr una educación públca de alta calidad. Más aún, sostenemos con fuerza que este financiamiento no puede depender exclusivamente de condiciones variables tales como el nivel de matrícula o la asistencia de los alumnos. Contar con un financiamiento basal se justifica por la necesidad de tener una red de educación pública de calidad, extendida por todo el territorio nacional, que permita garantizar el derecho a la educación de todos los chilenos y chilenas. Dichos aportes basales permitirán, entre otras cosas, financiar a los entes administradores, la mantención de la infraestructura, las exigencias adcionales panteadas a la educación pública y los gastos fijos de aquellos establecimientos que deben funcionar en condiciones especiales, por razones de aislamiento, cambios poblacionales y otros.

  1. Proyecto de ley. Por lo planteado anteriormente esperamos que el proyecto que presentará el ejecutivo antes del 30 de septiembre contenga la sustitución de la actual institucionalidad municipal y del sistema de financiamiento por una propuesta como la que hemos postulado en este documento y que coincidimos con ustedes.

  1. Escuela modelo de calidad. Respecto de la subvención escolar que reciben tanto los establecimientos públicos como los privados, ésta debe ser modificada. Su valor se calculará en base al costo que tiene por cada alumno el funcionamiento de una escuela modelo de calidad (por ello se requiere con urgencia conocer los resultados de un estudio que fue acordado con el gobierno hace meses, el cual tiene por finalidad estimar con mayor precisión los costos de una educación que asegure aprendizajes de calidad a todos los estudiantes).

  1. Exigencias para el financiamiento público. Esta nueva modalidad de financiamiento que asegura la cobertura de todas las necesidades de una escuela de calidad, debe tener aparejadas mayores exigencias. En primer lugar, esta debiera ser incompatible con toda forma de selección escolar en educación básica y media, con la excepción de establecimientos especiales tales como liceos artísticos o de excelencia. En segundo lugar, en la medida que nos acercamos a ese óptimo en materia de financiamiento público, el aporte de las familias debiera ser cada vez menos necesario e ir reduciéndose hasta alcanzar su virtual eliminación. Un paso en esa dirección es que, desde 2008, los establecimientos que reciben la Subvención Especial Preferencial, no pueden cobrar financiamiento compartido. Por último, consideramos que el acceso al financiamiento público debiera estar destinado exclusivamente a instituciones sin fines de lucro. Para alcanzar este objetivo, proponemos establecer un período de transición en que los establecimientos que deseen mantener el acceso a los recursos del estado adapten su forma jurídica y modelo de gestión a las nuevas exigencias.

  1. Carrera docente. Estamos de acuerdo con ustedes respecto de la necesidad de avanzar como país en el establecimiento de una carrera profesional docente fundada en la dignidad y calidad. Hemos planteado que esta carrera debiera basarse en el mérito, considerando las etapas de desarrollo profesional, dignificar a los profesores y profesoras en sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, asegurar a los docentes más horas para la preparación de las actividades educativas que desarrollan frente a los estudiantes, incentivar a los mejores talentos que egresen de la enseñanza media a estudiar pedagogía, garantizar a los maestros oportunidades y los recursos necesarios para su desarrollo profesional, considerando adecuadamente la experiencia, fomentar su valoración social y el apego a una elevada ética profesional, y propender a su permanente entrenamiento pedagógico y formación continua, que les permita a los profesores participar en un sistema de habilitación profesional obligatorio para acceder a la docencia en los establecimientos financiados por el Estado y una evaluación docente perfeccionada, que de plenas garantías de profesionalismo e imparcialidad. También coincidimos en que el sistema de acreditación de carreras de pedagogía debe ser modificado para que efectivamente garantice programas de formación de calidad. Por otra parte, estamos dispuestos en avanzar para mejorar la normativa existente, con carácter estatutario, relativa a los asistentes de la educación.

  1. Racionalización de creación de nuevos colegios. Compartimos con ustedes la preocupación por la explosiva creación de nueva oferta educativa privada que accede a la subvención estatal, al punto que estamos convencidos de que este fenómeno posee efectos muy negativos como la pronunciada caída de la matrícula en la educación pública y el ineficiente uso de recursos y la existencia de sobreoferta en muchas zonas del país. Por ello hemos señalado que, siguiendo experiencias de países de mayor desarrollo, se debieran establecer un conjunto de nuevas exigencias para la creación de establecimientos educativos privados subvencionados. La primera es que estos deban acreditar su funcionamiento con recursos propios, a lo menos, por dos años. La segunda, que acrediten el cumplimiento de estándares que garanticen la calidad del servicio educativo que prestan. La tercera, que para acceder a los recursos públicos, se demuestre la existencia de una demanda real de matrícula en el sector donde el colegio va a funcionar. Todo esto debe establecerse con estándares objetivos y verificables.

  1. Período de transición. Compartimos con ustedes la preocupación por el período de transición hasta que entre en funcionamiento el conjunto de nuevas instituciones que regularán la oferta educacional en cada territorio y se haya instalado el nuevo sistema de administración de establecimientos públicos. En particular, nos asiste la preocupación por el potencial cierre masivo de establecimientos de educación pública. Por ello, en el debate que se produzca sobre la nueva institucionalidad, buscaremos incorporar a ese cuerpo legal medidas de carácter transitorio de modo que ello ocurra solo en el caso de ser estrictamente necesario. En esta dirección proponemos la creación de un fondo destinado a otorgar recursos para los establecimientos públicos que tengan una pérdida sustantiva de matrícula, tendiente a evitar su cierre. Complementariamente, planteamos que el MINEDUC debiera garantizar normas que establezcan, para el período intermedio a la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad educativa y la nueva institucionalidad de administración de la educación pública, estrictos criterios para autorizar la creación de nuevos establecimientos privados subvencionados o el cierre de establecimientos públicos solamente en los casos excepcionales debidamente justificados. En esta materia, demandaremos al gobierno acelere la instalación de las nuevas instituciones que prevé el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y equidad de la educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación.

  1. Transporte escolar. El acceso no discriminatorio al trasporte escolar debe ser considerado como parte del derecho a la educación. En las zonas rurales y de difícil acceso, debiera garantizarse un sistema de trasporte escolar especializado y gratuito para los escolares. En el resto del territorio, los estudiantes debieran contar con beneficios especiales de acceso al trasporte público general considerando las particularidades que en esta materia se dan en las regiones que garantice gratuidad o tarifa reducida, de acuerdo a la condición socioeconómica familiar, a los estudiantes de establecimientos que reciben financiamiento público o que estudian becados en colegios particulares pagados.

  1. Reconstrucción e infraestructura. Compartimos la necesidad de establecer un urgente y efectivo Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de la infraestructura escolar pública. Más aún, creemos que este programa debe incluir también el equipamiento necesario para el desarrollo de una educación de excelencia. En el marco de la reestructuración del sistema de financiamiento a la educación antes mencionado, en la próxima discusión presupuestaria propondremos considerar además una línea especial de financiamiento permanente para la expansión y mantenimiento de la infraestructura escolar pública y pediremos al gobierno que entregue a la brevedad los detalles de implementación de dicho plan, región por región. En este contexto y por lo antes señalado, no creemos prudente aprovechar el Plan de Reconstrucción como una manera de cerrar establecimientos públicos.

  1. Educación rural. La actual modalidad de educación rural no responde a la obligación de asegurar igualdad de oportunidades a los estudiantes que se educan en ella. El estado debe tener una mirada preferente a la educación en el mundo rural para garantizar acceso y calidad sin perder la identidad de los sectores rurales.

  1. Educación técnico-profesional. En relación a la educación técnico profesional estamos de acuerdo en que se debe abrir una Nueva Etapa. Ya que en ella estudia el 40% de los jóvenes más vulnerables, debemos vincularla a los sectores más dinámicos de la economía y a la modernización de los servicios. El país requiere de una política de largo plazo respecto de esta importante rama de la educación media y la principal recomendación es asumir una política de desarrollo de la oferta de educación TP vinculada a estándares de desempeño institucional y a un sistema de aseguramiento de la calidad, que permita apoyar el desarrollo de los establecimientos, sobre la base de planes de mejoramiento específicos adecuadamente gestionados y un rediseño de su sistema de financiamiento. Más aún, en enero pasado propusimos un conjunto de medidas inmediatas para fortalecer esta modalidad educativa, entre las que destacan: reponer cuanto antes los recursos para mejorar la infraestructura y condiciones para financiamiento de este sector; reponer las becas de prácticas profesionales y los programas de pasantías al exterior rebajados en la ley de presupuestos 2011, e instalar en el MINEDUC una Dirección de Formación Técnico-Profesional responsable de asegurar una mirada integrada y coherente para la FTP. Dicha autoridad deberá desarrollar un plan de infraestructura, equipamiento y de fortalecimiento académico de esta modalidad.

  1. Corporaciones empresariales. Además proponemos la mejora del régimen de gestión para los establecimientos administrados por corporaciones empresariales, que establezca normas que aseguren la transparencia financiera, la no discriminación y la adecuación a los estándares de calidad del resto de la educación financiada por el Estado.

  1. Participación de la comunidad escolar. Apoyamos con decisión su exigencia de mejorar sustantivamente los mecanismos de participación de la comunidad estudiantil y educativa en las escuelas y liceos. Desde ya, instamos al ejecutivo para que reformule el decreto N° 524 que regula la creación y funcionamiento de los centros de alumnos, e impulsaremos las iniciativas legales que sean necesarias para reconocer a las federaciones estudiantiles secundarias, las cuales hoy operan de hecho y no de derecho. Asimismo, postulamos ampliar el ámbito de las competencias y atribuciones de los consejos escolares y darles facultades resolutivas en lo relativo a la convivencia escolar, las actividades extracurriculares, educación sexual y a otras materias de interés de la comunidad en la cual se encuentran los establecimientos educativos.

III.- Sobre la Educación Superior señalamos:

  1. Regulación. Es evidente que la educación superior ha crecido en cobertura de manera explosiva durante las últimas dos décadas y, aunque ello es positivo, un defecto a corregir ha sido que ese proceso ha sido desregulado, ya que ese crecimiento de cobertura no ha ido acompañado de vigorosos y adecuados sistemas de supervigilancia, regulación, participación y control ciudadano necesarios para impedir algunos de los rasgos críticos que actualmente presenta el sistema en términos del sobre-endeudamiento familiar y estudiantil, de alto nivel de deserción o de prácticas lucrativas contraria a la ley vigente.

  1. Autocrítica. Hay que asumir que estos problemas no se visualizaron a tiempo. Pese a que lo intentamos, nos faltó mayor fuerza y convicción para enfrentar la continua resistencia de la derecha que defendió con denuedo un sistema que minimiza el rol del Estado y que no acepta regulaciones para la actividad privada.

  1. Política de educación superior. Coincidiendo con los principios que enunciamos en la primera parte, creemos que la política de educación superior no puede regirse por la lógica del mercado y que debe existir un plan de desarrollo nacional de la educación superior, adoptada democráticamente por instituciones y órganos que hoy no existen tales como una Subsecretaria y un sistema regulador y de aseguramiento de la calidad que sea eficiente y efectivo.

  1. Principios rectores. Por ello es que coincidimos en que los principios rectores de una Política Nacional de Educación Superior deben ser:
  • La Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.

  • El sistema de Educación Superior, en formación profesional e investigación, debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.

  • El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria, por lo cual el pacto fiscal y la reforma tributaria deben ser parte imprescindible de la Reforma.

  • Deben existir mecanismos equitativos de acceso la educación superior y la calidad de la misma debe ser la mejor garantía para una igualdad efectiva de oportunidades.

En especial queremos señalar lo siguiente respecto de la Educación Universitaria

  1. Financiamiento basal para universidades estatales. En materia de Financiamiento Institucional hemos señalado en nuestro compromiso de julio de este año que se debe implementar un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal de forma sustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar el financiamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje que garantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar el aporte actual, lo que debe ir acompañado de compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y mejores sistemas de gobierno institucional así como de mecanismos de control que aseguren el mejoramiento de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo debe realizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidades no estatales que reciben aportes fiscales directos. Así también las universidades públicas debieran incorporar el principio de interculturalidad.

  1. Universidades estatales regionales. La situación de las universidades estatales regionales requiere de una atención especial que considere sus particulares carácterísticas y necesidades. Lo anterior debe incluir el desarrollo de la investigación en las áreas prioritarias para la región, el desarrollo preferencial de las disciplinas ligadas a las vocaciones productivas del territorio, entre otros aspectos a considerar.

  1. Fondo de revitalización y aumento del AFD para universidades tradicionales. Se requiere considerar seriamente un aumento significativo del AFD para todas las universidades tradicionales, el cual deberá reajustarse anualmente teniendo como piso el incremento de las remuneraciones del sector público. Este debe tener por objeto reforzar el sistema universitario tradicional, que es el que mas bienes públicos aporta, y frenar la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones que las desvía de sus roles académicos. Estos fondos deben ser asignados de acuerdo a criterios de composición socioeconómica de su matrícula, de potenciamiento a las regiones y a indicadores de endeudamiento o de gestión. Adicionalmente, se deberá crear un fondo de revitalización que se haga cargo de las tareas más urgentes orientado a recuperar aquellas instituciones con mayores carencias y necesidades.

  1. Desarrollo estratégico de universidades estatales. Apoyamos también la idea de desarrollar con sentido estratégico la oferta universitaria estatal para alcanzar niveles de calidad equiparables en todo el sistema público y focalizar la acción de ellas en territorios y áreas de especialización según sus competencias y los requerimientos de una política nacional.

  1. Compromiso con el interés nacional. Sostenemos que estos nuevos recursos para las universidades estatales deben ser ejecutados en consonancia con las tareas que la sociedad les encomienda, y supervisados a través de adecuados mecanismos de control público.

  1. Acceso a la educación superior y reformulación del AFI. Respecto de los sistemas de acceso a la educación superior, hemos afirmado en nuestro documento de julio que se debe reformar, estableciendo una selección equitativa que dé mayor preponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa de los estudiantes en su respectivo curso. El 10% de los estudiantes de mejor logro escolar en los establecimientos con financiamiento público debe tener acceso a la educación superior, independiente de su puntaje en la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio, perfeccionamiento, y ampliación en la modalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida a estudiantes de mejor desempeño en ese tipo de establecimientos y financiar de este modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes.

  1. Nivelación y retención. Estos mecanismos u otros de similar orientación deben asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluando de manera transparente su pertinencia. Compartimos que debe asimismo darse relevancia y apoyo financiero a los propedéuticos y otros sistemas de nivelación y retención, y que debe garantizarse el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

  1. Derechos garantizados para ayudas estudiantiles. Sobre el Sistema de Financiamiento Estudiantil nuestra posición es que se debe establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior. Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Como lo dijimos en nuestro planteamiento sobre educación superior del 8 de julio, proponemos establecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de los sectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberán estar debidamente acreditadas.

  1. Sistema común de crédito. Como modo de aproximarnos a un sistema único, en el caso del crédito solidario, somos partidarios de mantener la actual cobertura y condiciones. Debemos avanzar hacia una sola modalidad de crédito que tenga como parámetro las condiciones actuales del crédito solidario. Respecto del Crédito con Aval del Estado, que permitió una fuerte expansión del acceso a jóvenes de menores ingresos, este sistema debiera ser rediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario. Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y la sustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismos eficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/o programas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamiento adicional de los estudiantes y sus familias, la ampliación de las oportunidades a todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media que posean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su acceso a esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso con las competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/o académico.

  1. Mayores exigencias a las instituciones. El AUGE de la educación superior deberá estar dirigido exclusivamente a instituciones que cumplan rigurosamente la ley que prohíbe el lucro en las universidades, que obtengan acreditación en un sistema renovado, que garanticen los principios de libertad de cátedra, libertad de asociación y expresión, aseguren y promuevan la existencia de Federaciones Estudiantiles y sean transparentes con la totalidad de sus recursos financieros.

  1. Superintendencia de la educación superior. En lo que respecta a la Nueva Institucionalidad somos partidarios de la creación de una Superintendencia de Educación Superior que actúe como agente de control y regulación de las distintas instituciones del sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizando que las universidades no se presten para actividades lucrativas. Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior. Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.

Este organismo debiera velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Sostenemos que la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior debe ser obligatoria, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales.

  1. Cumplir con la ley sobre el lucro en universidades. En la discusión en torno al lucro en la educación superior, hemos sido enfáticos en nuestra declaración de julio que se debe hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acción enérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización de negocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla en este ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no para debilitarla.

  1. Sistema Nacional de Acreditación. Somos partidarios de una renovación profunda del Sistema Nacional de Acreditación. La ley de acreditación de la calidad, a la que se opuso la derecha en el Congreso, y restringió su alcance, debe ser ahora mejorada, elevándose los estándares y exigencias para entregar recursos públicos. Para ello hemos afirmado que se debe refundar la Comisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora de calidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes y menos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle y asegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzar hacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no solo consideren las características de esta oferta educativa, sino también los resultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenes meritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; las tasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egreso de esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras de pedagogía y medicina. Asimismo, el nuevo sistema deberá fortalecer las capacidades de acreditación del ente público y evitar las distorsiones que actualmente existen en la verdadera industria de la acreditación que se ha creado en este ámbito.

  1. Participación de los estamentos de la educación superior. Para garantizar la democratización y la vigencia y resguardo de los Derechos y Garantías Constitucionales, especialmente en lo referido a la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo en instancias colegiadas; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución, hemos afirmado que se deben derogar de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010, en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en los espacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros de formación e institutos técnicos.

  1. Pueblos Originarios. Respecto de los Derechos Educativos y lingüísticos de los Pueblos Originarios, apoyamos que se debe garantizar un sistema educacional inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo, lo que debiera estar reconocido en la propia Constitución. Ello implica generar al interior de las instituciones estatales los espacios para incorporar la mirada intercultural en todas las materias que resulte pertinente, especialmente en lo referente a la creación e incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos institucionales de contenidos educativos indígenas, considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos. Así también, en materia de beneficios estudiantiles, apoyamos la implementación de una política pública que mejore el acceso a alojamiento para los estudiantes indígenas y supere las limitaciones de las políticas implementadas durante los últimos años. En estas materias deberá aplicarse plenamente el Convencio 169 de la OIT.

  1. Formación Técnica Superior. Finalmente, en lo relativo a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, proponemos como política la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia de Calidad de Educación Superior. Ello debe ir acompañado de una revisión de los mecanismos de transición y acceso desde la enseñanza media, de los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparten.

  1. Deserción y largo de las carreras. Dados los actuales niveles de deserción a nivel de la educación superior, sostenemos se requiere de una estrategia nacional que busque reducirla de manera significativa. Asimismo, consideramos del todo valido realizar un análisis y proponer alternativas que apunten a acortar la duración de las carreras en este nivel educativo.

Un camino de diálogo para la Reforma

Por la seriedad de sus planteamientos y la trascendencia que tienen para el país y su futuro, hemos querido responder en detalle cada uno de los puntos señalados en su documento “Bases para un acuerdo social por la educación chilena”. Expresar claramente las ideas es un paso vital para un debate y dialogo fructíferos.

Para los partidos de la Concertación se requiere de una condición adicional. Se debe definir una ruta para procesar el conjunto de desafíos legislativos y de política que implicará tratar de concretar estas aspiraciones.

En primer lugar, se requiere que, ustedes como movimiento social, acompañen y enriquezcan el proceso legislativo. Creemos muy contraproducente cerrar el debate entre los políticos de gobierno y la oposición. Tampoco es suficiente el tradicional sistema de audiencias públicas para canalizar sus demandas. Creemos necesario establecer un canal de comunicación sistemático durante el debate parlamentario que viene por delante. Por ello es que hemos decidido constituir un comité parlamentario de 9 miembros, al cual concurrirán senadores y diputados de la Concertación, y queremos ofrecerles esa instancia como un espacio de encuentro para acompañar el proceso legislativo (parlamentarios-técnicos-movimientos): Un comité de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

En la nueva etapa que se inicia, tras el cambio de gabinete, el gobierno debe abrirse a nuevas propuestas y enfoques. La agenda legislativa de GANE es incongruente e inconducente. Se debe revisar el sistema de crédito en su conjunto y no tomar ahora medidas paliativas (bajar tasas del CAE de 6 a 4%) para luego esperar un año a un futuro proyecto que unificará los sistemas de ayudas estudiantiles. Ello no es lógico. Más aún si antes el gobierno ha señalado que abordará la creación de una nueva institucionalidad con una subsecretaría y una superintendencia de educación superior, dejando para más adelante la revisión del sistema de acreditación. Lo anterior refleja un mal diseño temporal en la implementación de las iniciativas.

Frente a estas muestras de improvisación y poca prolijidad, creemos necesario que el gobierno revise seriamente la actual agenda y proponga una nueva en la que establezca una hoja de ruta clara y coherente. Esa es la forma responsable y eficiente de abordar la enorme tarea legislativa que tenemos por delante.

Chile se encuentra en un momento muy propicio para avanzar en lo que son las demandas de su movimiento por la reforma del sistema educacional, posiblemente como nunca hoy es posible. No podemos defraudar esas esperanzas. Por ello y como partidos de la oposición nos comprometemos a asumir con firmeza y convicción los planteamientos que frente a ustedes asumimos en este documento.

Gracias a la tenacidad del movimiento social, el gobierno ha debido hacer tres propuestas sucesivas para responder a la demanda educacional. Cada una de ellas ha incluido logros importantes que no estaban previstos en la agenda gubernamental y que se han obtenido gracias a la persistencia y masividad de las movilizaciones ciudadanas. Estos logros, a pesar de eso, no incluyen los cambios estructurales que este movimiento por la educación ha solicitado. El gobierno se ha negado a establecer de forma clara un nuevo rayado de cancha para la educación. Sin embargo, hay una mayoría de actores políticos de la oposición y actores sociales que hemos avanzado en acuerdos inéditos para abrir una nueva era de la educación chilena. Ello también constituye un triunfo del Movimiento Social Por la Educación. Nuestro compromiso solemne es a impulsar estas reformas de la mano con los actores sociales más allá de las decisiones que adopte el actual gobierno. Hacemos propias estas definiciones y serán la base de nuestra política educacional como fuerzas de oposición y, en el día de mañana, como fuerzas de gobierno. Cada uno de nuestros candidatos a alcaldes y concejales, senadores, diputados y, ciertamente nuestros candidatos presidenciales se comprometerán con estas definiciones y las impulsarán en el ejercicio de sus cargos.

Esta mayoría ciudadana y política por una nueva educación para Chile es el logro del movimiento social y debiera dar paso a una nueva fase de éste, que manteniendo su movilización y participación activa retorne a clases evitando la pérdida del año escolar.

Valparaíso, 2 de Agosto de 2011

Carolina Tohá José Antonio Gómez

Presidenta del PPD Presidente del PRSD

Osvaldo Andrade Ignacio Walker

Presidente del PS Presidente del PDC