Los senadores que firmamos esta carta creemos profundamente en la democracia y que ella exige diálogo, ponerse de acuerdo, avanzar entendiendo que se deben conciliar distintas posiciones. Pero todo proceso de negociación tiene límites que no pueden traspasarse, pues de lo contrario se renuncia a aspectos de principio que desnaturalizan nuestras convicciones políticas.
El camarada Ignacio Walker ha enviado una declaración pública a los medios de comunicación, donde informa de un "acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana y el Senador Fulvio Rossi del Partido Socialista".
Frente a ello, debemos hacer ciertas precisiones:
1.- No fue un acuerdo de la Bancada Democratacristiana, pues un requisito básico para que existiera como tal era la concurrencia de todos nosotros y ello no fue posible pues el Gobierno no accedió a consignar y resguardar principios básicos en materia de conservación de nuestros recursos naturales
2.- Responsablemente queremos ser claros frente a ustedes. No respaldamos este acuerdo pues contiene un error que -de no remediarlo- puede tener consecuencias históricas.
Antes de entrar a explicar lo anterior, es importante reconocer que tanto el proyecto de ley como el señalado acuerdo contemplan aspectos positivos, tales como la determinación de la cuota global de captura por parte de los comités científicos.
De la misma manera y producto de la enorme contribución de la senadora Soledad Alvear, la ley establecerá que “Los recursos hidrobiológicos están sometidos a la soberanía del Estado de Chile”, pero ¿qué viabilidad tiene esta norma si en otro artículo de la ley, producto del mismo acuerdo, se le entrega por veinte años renovables automática e indefinidamente (es decir por 40, 60, 80 años y ad eternum) los peces que son de todos los chilenos a cuatro empresas?
Nos restamos del acuerdo por dos razones esenciales.
En primer lugar, otorgar el 85 por ciento de la cuota industrial a un pequeño grupo de empresas por 20 años renovables ad eternum nos parece excesivo. La industria pesquera se desarrolló sin problemas teniendo como marco regulatorio una ley cuyo plazo de vigencia fue de 10 años. No obstante, estuvimos dispuestos a acordar un plazo de 15 años, lo que fue rechazado por el gobierno y aceptado en el acuerdo.
Pero más grave aún que los 20 años, nos restamos del acuerdo pues creemos que no es posible aceptar, en ningún proceso de negociación, una norma que vulnere la definición esencial que debe fundar el marco regulatorio pesquero: los peces son de todos los chilenos. Por ello, toda licencia de extracción debe ser temporal y no renovable, de tal manera que ninguna persona o empresa pueda esgrimir ahora o en el futuro “derechos de propiedad” sobre un recurso que es patrimonio de la nación toda. Se trata de un principio intransable que debe inspirar nuestro actuar no sólo en ésta, sino en todas las discusiones sobre nuestros recursos naturales.
El tema no es menor, son más de mil millones de dólares al año, asignados a unos pocos privilegiados, en desmedro de la gran mayoría de chilenos. Si un próximo Gobierno o Congreso De la República quiere reparar este error, el Estado tendrá que expropiar a las empresas dueñas de licencias de extracción, y pagarles por un recurso que es de todos. Como lo han dicho destacados economistas, con esta norma al día siguiente de aprobada la ley un puñado de empresas van a poner en sus activos varios miles de millones de dólares, recibidos gratuitamente y mediante una verdadera expropiación que está sufriendo el patrimonio de todos los chilenos y chilenas, actuales y futuros.
Adicionalmente, bajo la fórmula acordada, los pescadores artesanales nunca más podrán mejorar su cuota de extracción en el futuro.
En la misma línea, lamentamos que este acuerdo solo contenga aspectos relacionados con el sector industrial pesquero, pero no signifique ningún avance concreto para los pescadores artesanales.
No nos parece una ley justa aquella que le entrega 27 kilos de merluza adicionales al año a cada pescador artesanal entre la cuarta y décima región. No nos parece justa una ley que le sube apenas 187 kilos de jurel al año a cada pescador artesanal, lo que equivale a 30.000 pesos anuales, (2.500 mensuales)
Seguiremos trabajando, en el Congreso y de ser necesario ante el Tribunal Constitucional, para alcanzar una ley de pesca justa y evitar que se consolide este acuerdo como un lamentable error histórico.
Mariano Ruiz Esquide Ximena Rincón
